El gobierno francés, liderado por Emmanuel Macron, está llevando a cabo negociaciones con diversos países de la Unión Europea para establecer una alianza en contra de las decisiones de la Comisión Europea, encabezada por Ursula Von der Leyen. El objetivo de esta colaboración es prevenir la imposición de sanciones a los fabricantes de automóviles que no logren cumplir con las metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono establecidas para el año 2025.
Este lunes, Francia ha mostrado su apoyo a la industria de automóviles, especialmente al grupo Renault, en el que posee una participación mayoritaria del 15,01%. Le sigue el grupo japonés Nissan, que cuenta con un 15% de acciones en Renault, mientras que Renault tiene el 34% de Nissan. El Gobierno francés ha declarado su intención de desafiar a la Unión Europea para impedir que, a partir del 1 de enero, los fabricantes europeos enfrenten sanciones «multimillonarias» por no cumplir con los límites establecidos de emisiones de CO₂.
A pesar de estas noticias que vemos, realmente el sector del mundo del motor en Francia se encuentra dividido. Por un lado, Renault solicita una suspensión de las sanciones durante un periodo de dos años, mientras que Stellantis, que incluye marcas como Peugeot, Citroën y DS, se muestra en desacuerdo. El presidente de Stellantis, Carlos Tavares, afirmó: «Sería absurdo modificar las regulaciones europeas en este momento». Poco tiempo después, Roma y Praga se unieron a la posición de París, indicando que Alemania también se opone a esta propuesta.
Los datos en Bruselas
La Comisión Europea ha establecido un nuevo límite de emisiones de 93,6 gramos de CO₂ por kilómetro para todos los vehículos que los fabricantes comercialicen en la Unión Europea entre 2025 y 2029. Sin embargo, los fabricantes consideran que este objetivo es inalcanzable, ya que la media de emisiones en Europa se situó en 106 gramos el año pasado, y en el caso de los automóviles matriculados en España durante 2023, la cifra fue de 117 gramos.
En total, el sector de coches debe disminuir las emisiones a 93 gramos, partiendo de un nivel actual de 106, o de lo contrario enfrentará sanciones. Estas penalizaciones se establecen en 95 euros por cada gramo que exceda el límite permitido, aplicándose a cada vehículo comercializado en la Unión Europea. Por ejemplo, una marca que venda un millón de vehículos en la UE y supere el nuevo límite en 10 gramos se verá obligada a pagar una multa de 950 millones de euros. Si la superación es de solo 5 gramos, la penalización se reduciría a la mitad.
Declaraciones del ministro francés
El titular de Economía y Finanzas, Antoine Armand, presentó su propuesta antes de la reunión de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofín), que comenzó este lunes y concluirá el martes, en una entrevista con el diario económico francés Les Echos. Armand afirmó que «los fabricantes de automóviles que están realmente dedicados a la electrificación de sus vehículos no deberían enfrentar sanciones». Además, el ministro aseguró que defenderá esta postura junto al ministro de Industria, Marc Ferracci, ante la Comisión Europea (CE).
El titular del Ministerio de Industria ha aclarado que Francia desea que Bruselas presente «una solución específica que permita a los verdaderos protagonistas de esta transición evitar penalizaciones relacionadas con el año 2025, sin poner en duda nuestro enfoque hacia la descarbonización en el ámbito de la movilidad».
Hablan los fabricantes
Junto a todo lo que vemos, los fabricantes de motores y los gobiernos europeos que tienen una mayor influencia en la industria argumentan que las sanciones económicas desviarán recursos que podrían ser destinados al avance de la electrificación del transporte. Esto podría afectar la competitividad de la industria europea frente a sus contrapartes en Estados Unidos y Asia, especialmente en el caso de China, así como también en Japón y Corea del Sur.
Luca de Meo, director ejecutivo de Renault y presidente de ACEA, la asociación europea de fabricantes de automóviles que no incluye a Stellantis ni a Volvo, ha manifestado una postura combativa en contra de las sanciones impuestas. Ha criticado a Bruselas por no tener en cuenta la situación actual del mercado europeo, que parece estar alejándose del vehículo eléctrico. Esta resistencia ha encontrado respaldo en el Gobierno de Francia.
El sector industrial ha solicitado posponer la puesta e marcha de las sanciones por un período de dos años. Según cálculos de ACEA, la industria europea se enfrentará a penalizaciones que ascenderán a aproximadamente 16.000 millones de euros, de los cuales 13.000 millones corresponderían a automóviles y 3.000 millones a vehículos comerciales.
El Adelantado
