El esperado encarecimiento del diésel que el Gobierno planeaba implementar en abril de 2025 no verá la luz, al menos de momento. La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados rechazó ayer la propuesta del Ejecutivo para igualar los impuestos entre la gasolina y el gasóleo.
Esto habría supuesto un aumento de 11 céntimos por litro en el diésel. La división interna entre los socios del Gobierno ha sido determinante para tumbar esta y otras medidas clave de la reforma fiscal.
Un plan que apuntaba a abril de 2025
La subida del impuesto al diésel formaba parte de una batería de medidas fiscales que el Gobierno presentó para cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Bruselas demanda reformas que permitan a España acceder a 6.500 millones de euros de fondos europeos adicionales, clave para el cumplimiento del Plan de Recuperación.
El encarecimiento propuesto se traducía en un aumento de aproximadamente 200 euros anuales para quienes recorren 20.000 kilómetros al año, lo que habría afectado especialmente a las familias, profesionales del transporte y pequeños empresarios que dependen de vehículos diésel.
La propuesta también se justificaba como un paso hacia la descarbonización y la transición ecológica, ya que buscaba penalizar el uso de combustibles fósiles. No obstante, el rechazo en el Congreso deja en el aire esta parte del compromiso climático del Ejecutivo.
El Congreso frena la subida del diésel y otros impuestos clave
La Comisión de Hacienda votó ayer en contra no sólo de la subida del impuesto al diésel, sino también de otros puntos importantes de la reforma fiscal propuesta. Entre las medidas que tampoco lograron el respaldo parlamentario se encuentran:
- La conversión en permanentes de los impuestos extraordinarios a las grandes energéticas y la banca, que el Gobierno implementó de manera temporal en 2023 para hacer frente a la inflación.
- El impuesto sobre las grandes fortunas, que también pierde fuerza en el marco de esta reforma.
Esta falta de acuerdo entre los socios del Gobierno refleja las tensiones internas que han condicionado la legislatura, dejando en suspenso una parte significativa de las medidas económicas que el Ejecutivo pretendía consolidar antes de las elecciones generales de 2024.
Medidas fiscales que sí se han aprobado
A pesar del revés, la reforma no fue rechazada en su totalidad. Algunas propuestas consiguieron salir adelante:
- Tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas y multinacionales, en línea con las directivas de la OCDE y la Unión Europea.
- Aumento del ahorro en el IRPF para las rentas más altas, que busca generar más ingresos del tramo superior de contribuyentes.
- Subida de los impuestos al tabaco y a los cigarrillos electrónicos, que busca, además de recaudar más, desincentivar el consumo de estos productos.
- Un cambio técnico para combatir el fraude en el IVA de los hidrocarburos, que podría tener un impacto positivo en la recaudación sin afectar directamente al consumidor.
Estas medidas, aunque significativas, no cubren el objetivo de recaudación inicial del Gobierno, que esperaba generar unos 4.500 millones de euros anuales con la totalidad de la reforma.
Impacto en el sector automotriz y en los conductores
El rechazo al incremento fiscal sobre el diésel supone un alivio para millones de conductores y para el sector del transporte, que ya enfrenta presiones por los altos costos operativos. “La subida habría supuesto un golpe más a la economía de quienes dependen del diésel para trabajar o desplazarse”, señaló un portavoz de la Asociación Española de Transporte.
Además, el sector automotriz respira con algo de tranquilidad tras meses de incertidumbre. La medida habría desincentivado aún más la compra de vehículos diésel, ya en declive debido a las restricciones medioambientales y a las políticas europeas que favorecen la electrificación del parque automotor.
¿Y ahora qué?
Aunque el Gobierno tiene la opción de intentar aprobar estas medidas por decreto en el Consejo de Ministros, fuentes cercanas al Ejecutivo han expresado pesimismo sobre la posibilidad de retomar estas propuestas antes de que termine la legislatura.
Este fracaso fiscal pone en duda la capacidad del Ejecutivo para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas y podría retrasar la llegada de los fondos europeos, cruciales para financiar proyectos estratégicos.
La falta de consenso entre los partidos gobernantes también deja en el aire otras medidas de calado, como nuevos incentivos para la transición ecológica o la reforma del sistema de pensiones, que podría enfrentarse a obstáculos similares en su tramitación parlamentaria.
El rechazo a la subida del impuesto al diésel es un golpe significativo para los planes fiscales del Gobierno y para su hoja de ruta climática. A pesar de la presión de Bruselas, la división interna entre los socios de coalición ha frenado una medida que habría tenido un impacto directo en millones de conductores.
Por ahora, los usuarios de diésel podrán respirar aliviados, ya que no tendrán que afrontar el aumento de precio anunciado. Sin embargo, las dudas persisten sobre cómo el Ejecutivo planea cumplir con los compromisos europeos y qué alternativas pondrá sobre la mesa en los próximos meses.
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