Reclaman ayudas de 450 millones al año para el eléctrico
La patronal de los fabricantes de automóviles, Anfac, pide al Gobierno que la tercera edición del Plan Moves cuente con 450 millones de euros, de los que 250 millones irían destinados a subvencionar la compra de vehículos eléctricos y los otros 200 para la instalación de puntos de recarga. “El incremento fuerte y sostenido de la demanda de vehículos eléctricos necesita de planes de incentivos con mucha más dotación y más eficientes en la gestión, así como el impulso en la recarga pública”, según José Vicente de los Mozos, presidente de Anfac.
En este sentido, la propuesta de la patronal cifra en 48.000 los puntos de recarga públicos que deberían estar implantados el 31 de diciembre de 2022, “donde, al menos, exista uno por cada 100 kilómetros de carretera de la Red Básica de Carreteras y Red General de Carreteras del Estado”. Para diciembre de 2025, deberían haberse instalado 110.000 puntos de recarga públicos, para alcanzar los 340.000 puntos en 2030.
La vicepresidenta cuarta Teresa Ribera explicó el pasado miércoles 7 de octubre que dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española se incluirá un Plan de Choque para la movilidad sostenible con horizonte 2023.
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico dijo que “nuestro plan” pretende “garantizar el aire limpio y la integración de diferentes medios de transporte reforzados y modernizados, subrayando nuestra apuesta por los servicios de transporte público de calidad, pero también impulsando la transformación de la flota de vehículos, con un paquete integral de reformas e inversiones orientadas a la movilidad eléctrica, incluido el despliegue de más de 100.000 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos antes de 2023″. Hoy no se llega a 7.000 puntos públicos.
Eso sí, no habló de la facilitación de la interoperabilidad entre los diferentes puntos de recarga públicos; ni tampoco de la potencia de los mismos. La mayoría de los que están instalando Iberdrola y Endesa son de 50 kW y apenas se implementan de 100 o 150 kW.
Ribera añadió que se apoyará “una rápida penetración de este tipo de vehículos en nuestro parque automovilístico, facilitando el acompañamiento de un mejor posicionamiento de nuestra industria, incluida la de componentes, la electrónica, la digital, la de uso de datos y la de los servicios asociados a la movilidad”.
Sin embargo, en la exposición de la vicepresidenta no hubo ningún anuncio concreto de la cuantía del próximo plan Renove y se quedó en su compromiso de continuar apoyando la expansión de la movilidad eléctrica. Habló también de la implementación de la zona de bajas emisiones en aquellas que tengan más de 50.000 habitantes para 2023. Ribera explicó que esto permitirá “la recuperación del espacio urbano para la ciudadanía y, con ella, para la movilidad no motorizada”; favoreciendo “el impulso de carriles bici en ámbitos urbanos y periurbanos”.
Anfac pide al Gobierno que se aterricen con medidas concretas las políticas de fomento del vehículo eléctrico para desarrollar la hoja de ruta para cumplir los objetivos de reducción de emisiones fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), sin dejar atrás a la industria del automóvil española. “Tenemos ventajas competitivas en nuestras fábricas, pero pueden no ser suficientes para la transformación que necesita la industria. Es necesario proteger este peso industrial y su competitividad“, según De los Mozos.
Achatarramiento
Otra de las peticiones del sector es que se favorezca la renovación del parque. La ministra Reyes Maroto explicó que el plan Renove habría favorecido ya la retirada de 110.000 vehículos. Una cifra insuficiente; además el año que viene ya no existirá este plan y el Moves no contempla incentivos ni ayudas para el achatarramiento si se opta por la compra de un vehículo diésel o de gasolina. La antigüedad del parque móvil español es de 12,5 años; mientras que la media en la Unión Europea es de 8,8 años.
Marca
