España tendrá que adaptar su legislación fiscal a la normativa europea que permite eximir del IVA a los autónomos con menor facturación. La medida forma parte de la Directiva (UE) 2020/285, que introduce un régimen simplificado conocido como “IVA franquiciado” para pequeños negocios dentro del mercado comunitario.
El objetivo de esta normativa es reducir la carga administrativa de los profesionales con menor volumen de ingresos y facilitar su actividad económica en la Unión Europea. Sin embargo, España todavía no ha incorporado plenamente esta directiva a su legislación, a pesar de que el plazo para hacerlo finalizó el 31 de diciembre de 2024.
Cómo funciona el nuevo sistema
El régimen de franquicia del IVA permite que determinados autónomos queden exentos de repercutir este impuesto en sus facturas. Como consecuencia, tampoco tendrían que presentar las declaraciones periódicas del impuesto, como el modelo 303 trimestral o el resumen anual.
La normativa europea fija un límite máximo de 85.000 euros de facturación anual para acogerse a este sistema, aunque cada país puede establecer umbrales inferiores según su estructura fiscal.
Eso sí, el sistema también tiene una contrapartida: los profesionales que opten por este régimen no podrán deducirse el IVA de sus gastos o inversiones, por lo que deberán valorar si la simplificación administrativa compensa esta pérdida.
Diferencias entre países
La directiva establece un marco común, pero permite a cada Estado adaptar el sistema. Por ejemplo, en Alemania el límite para aplicar este régimen se sitúa en 22.000 euros anuales, mientras que en Francia alcanza los 33.800 euros en actividades de servicios.
En el caso de Italia, el país ha optado por aplicar el máximo permitido por la normativa europea, fijando el umbral en 85.000 euros de facturación anual.
Presión de Bruselas
La Comisión Europea ha recordado a España la obligación de adaptar su normativa para evitar desequilibrios competitivos dentro del mercado único. En muchos países de la Unión, los pequeños empresarios ya pueden beneficiarse de este sistema simplificado, mientras que en España todos los autónomos continúan obligados a repercutir el IVA y presentar declaraciones periódicas, independientemente de su nivel de ingresos.
Las organizaciones de autónomos también reclaman una adaptación rápida. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha advertido de que el retraso coloca a los profesionales españoles en desventaja frente a sus homólogos europeos.
Por ahora, el Gobierno sigue analizando cómo integrar este régimen dentro del sistema tributario nacional. La previsión es que la adaptación definitiva se produzca a lo largo de 2026, cuando España deberá definir el umbral de facturación y las condiciones concretas para aplicar la exención del IVA a los pequeños autónomos.
Fuente | elespanol.com
