La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó este martes el dictamen de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, norma de la que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros en fondos europeos. El texto salió adelante con el respaldo del Gobierno y sus aliados parlamentarios, frente a los votos en contra de PP y Vox (20 apoyos frente a 17 rechazos).
Considerada una herramienta clave para modernizar la movilidad en España y afrontar la crisis climática, la iniciativa legislativa avanza en una tramitación que comenzó hace casi tres años, en la legislatura anterior, y que aún requiere el apoyo de Podemos para su aprobación definitiva en el pleno. La formación morada mantiene, por ahora, su rechazo, alegando que la norma carece de suficiente ambición en materia de transición ecológica.
Objetivos de la ley
El proyecto establece como metas principales la descarbonización del transporte, la digitalización del sector, el reconocimiento de la movilidad como un derecho ciudadano y una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos.
Durante el debate en comisión, el PSOE defendió que el texto es fruto de un proceso de diálogo en torno a las casi 800 enmiendas registradas por los grupos. De ellas, se incorporaron varias que refuerzan la financiación estable del transporte público, aseguran la participación de comunidades autónomas y ayuntamientos en la planificación y enriquecen la norma en aspectos de digitalización, seguridad vial y accesibilidad universal.
La diputada socialista Cristina López Zamora destacó que esta ley permitirá a España cumplir con sus compromisos europeos en sostenibilidad y transición energética. Además, subrayó que incluye una disposición que, según dijo, “desmonta el bulo del PP de que el nuevo mapa concesional iba a dejar sin autobuses a miles de pueblos”.
En este sentido, la disposición transitoria segunda establece que el nuevo mapa incluirá todos los servicios de transporte público estatal. En caso de que algún trayecto pase a ser competencia autonómica, la comunidad autónoma correspondiente podrá asumirlo como servicio propio, con apoyo financiero del Ministerio de Transportes, garantizando así su continuidad.
Críticas del PP
Desde la bancada popular, la diputada Ana Martínez Labella tachó la norma de “parche improvisado para contentar a Bruselas”. En su opinión, el mayor escollo reside en el nuevo mapa concesional de autobuses, que a su juicio no garantiza ni la permanencia de las paradas ni la financiación.
Martínez Labella añadió que el proyecto es “poco ambicioso, impreciso, insuficiente e inútil para la realidad del país”.
Fuente | publico.es
