Transportes fija para dentro de tres años el sistema de pago en toda la red para financiar el mantenimiento. Las propuestas van desde los 4 céntimos por km a los 20 céntimos
La comunidad gallega sería una de las más afectadas por su condición de periférica al ser uno de los territorios más alejados de Madrid y también de los que están a más distancias de la frontera francesa.
En la actualidad, según el catálogo de carreteras del Ministerio de Transportes, Galicia tiene más de 330 kilómetros de autopistas de pago. Las autovías gratuitas que discurren por la comunidad gallega rozan los 560 kilómetros, a los que habrá que añadir los 61,5 km de la futura autovía que conectará Ourense y Lugo; los 28 de la A-57, que todavía está en obras para circunvalar Pontevedra, y los 14 de la de alta capacidad autonómica entre Tui y A Guarda. Con el plan del Gobierno, el trayecto desde Galicia a Madrid acarrearía un coste adicional de 22 euros y los usuarios tendrían que echar mano de la cartera por recorrer alguno de los más de 600 kilómetros de autovías que dentro de tres años estarán operativos dentro de la propia comunidad, pero también de la extensa red de carreteras convencionales que discurren por toda la geografía.
En el caso del viaje desde Galicia a Madrid, al peaje del túnel de Guadarrama (8,65 euros) habrá que añadir el pago por recorrer los más de 500 kilómetros que discurren a través de la A-6 entre A Coruña o Vigo y la capital.
A falta de que el Ejecutivo fije la tarifa que se aplicará, dos sectores ya han hecho sus propuestas sobre cuánto se debería cobrar por el uso de las autovías. Según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), el pago de un peaje de 4 céntimos de media bastaría para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya arrastra la conservación de carreteras en el país. Con este baremo, el viaje desde Galicia a Madrid superaría los 30 euros: 22 euros por el uso de la autovía y 8,65 si se cruza el túnel del Guadarrama.
Desde hace ya más de diez años, Portugal aplica el sistema de pago en sus autovías. Se trata de peajes blandos de menor coste que el de las autopistas. En el caso de la autovía entre Viana do Castelo y Oporto, el coste que se aplica es de 0,032 euros por kilómetro, un coste aproximado a la propuesta de Acex. Sin embargo, desde Seopan, la patronal de las grandes constructoras de infraestructuras y concesionarias de autopistas de España, elevan el coste que deberían pagar los usuarios a 0,09 euros por kilómetro para los turismos y 0,19 euros para los camiones. Con ese baremo, ir de Vigo a Ourense recorriendo las autovías A-55 y A-52 costaría casi 9 euros en peajes a un vehículo ligero y más de 18 para los pesados. Viajar de A Coruña a Lugo por la A-6 supondría el pago de más de 9 euros y casi 20 euros respectivamente. En la actualidad, Audasa cobra por el viaje entre A Coruña y Santiago, 7 euros para los vehículos ligeros, y 17 euros si la ruta sigue hasta Vigo.
Bonificaciones y reducciones
La hoja de ruta del Gobierno, hasta ahora limitada al cobro por el uso de autovías, nace con la vocación de extenderse por toda la red de carreteras. Para ello, el Ejecutivo plantea un pago por uso “asumible, escalable y progresivo”. Transportes se adelanta así al previsible cambio de usos de los conductores, que dejaría de utilizar las autovías para evitar el desembolso impuesto para irse a las convencionales, lo que provocaría un aumento del tráfico y, en consecuencia, un mayor gasto en el mantenimiento de esas vías.
El documento enviado a Bruselas por el Gobierno detalla que el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías se impulsarán las condiciones normativas necesarias “para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores”, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.
Aun así, el Ministerio de Transportes apunta que el asunto se tratará con los transportistas profesionales para llegar a un acuerdo y evitar conflictos como los vividos en Francia. Para los particulares, el Ejecutivo prevé una campaña de concienciación y sensibilización, “orientada a sensibilizar tanto a los transportistas y a la población en general de la necesidad de la reforma”. Con este sistema y unas “tarifas asumibles” el Gobierno pretende combatir “el rechazo inicial” que entiende generará la medida. También se sopesan reducciones o bonificaciones para colectivos, como las rentas bajas o los conductores habituales. De los 24.466 kilómetros de la red estatal de carreteras en España, 12.000 pertenecen a vías de alta capacidad. El Gobierno argumenta que esto genera unos costes crecientes que “no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios” y un déficit de mantenimiento que repercute en una pérdida de valor.
El Faro De Vigo
