Como viene siendo habitual durante los últimos años, los gobiernos europeos se unen en su incesante lucha contra los coches que emplean tecnología de combustión. En este caso, el gobierno de Meloni, a pesar de mostrarse contraria a esta idea en el recorrido de su campaña, ha arrojado más leña al fuego con el anuncio de un nuevo modelo de tasa de impuestos a este tipo de carburante. El objeto de este movimiento es equiparar en términos fiscales todos los tipos de carburantes que se comercializan. Esto se debe a que, por norma general, en Italia el precio de la gasolina y el gasóleo ha sido muy dispar, siendo la primera considerablemente más cara.
No obstante, según esclareció Edoardo Rixi, viceministro de Infraestructuras y Transporte, el incremento del impuesto sobre el precio no será de forma total sino que su implementación sobre la cifra se plantea de manera gradual, año a año. Este gesto es visto como una ‘ayuda’ a los conductores con el fin de que el impacto en sus bolsillos no sea tan notorio. De manera anual, el impuesto sobre este carburante ascenderá en un céntimo, del mismo modo que se producirá el descenso del precio de la gasolina, hasta que las dos sumas se asemejen lo máximo posible obteniendo una diferencia menos palpable.
La operación tendrá efecto hasta 2030, aunque hasta entonces puede sufrir varios cambios en su recorrido. Por tanto, no solo supone un cambio a nivel nacional sino que esta permutación sienta un precedente más a nivel europeo para frenar el uso de combustibles y promover los coches eléctricos. Un escalón más en el cambio total de la forma de emplear los coches que se une a las acciones que han tomado otros países como Francia, que ha prohibido la venta de gasóleo en las gasolineras parisinas con el fin de reducir la contaminación de la ciudad.
El plan de la UE contras los coches de combustión en 2035
Si ponemos en valor todas las medidas que ha tomado la Unión Europea para frenar la contaminación, el año 2025 es uno de las fechas clave en el calendario climático del continente y se define como uno de los plazos clave en la contienda de la descarbonización. Esto se debe a las imposiciones que se les aplican a los fabricantes y los vehículos vendidos. Estos no podrán sobrepasar 95 gramos por kilómetro en lo que se refieren a las emisiones de CO2. Por tanto, este suceso contribuye al llamado ‘objetivo 55’ que consiste en reducir las emisiones de la UE en al menos un 55 % de aquí a 2030.
Asimismo, la consumación de este problema llega con una de las medidas más tajantes que ha impuesto la UE en los últimos años. A partir de 2035 no se podrán comercializar coches de combustión en territorio europeo. Este reglamento no veta la circulación de vehículos con estas características sino que frena su venta para producir un cambio gradual en la normalización de automóviles eléctricos y el uso del combustible sintético.
¿Qué futuro le depara a España con respecto a los carburantes?
Todo parece apuntar a que en España se está siguiendo esta intención. Algunos ejemplos como la ‘Zona de Bajas Emisiones’ de Madrid Central, impuesta por el alcalde de Madrid, y el mismo modelo empleado en la Ciudad Condal sirven como barómetro para medir los objetivos del gobierno en términos climáticos.
Del mismo modo, desde el Gobierno de España se incide constantemente en la importancia imperante de la concientización con la reducción de emisiones. Por lo que, tal vez en un futuro no muy lejano España siga el ejemplo de Italia y Francia para refrenar el uso de diésel y gasolina en nuestras carreteras.
La Razón