El Gobierno endurece la fiscalidad a los coches de combustión en 2026 y refuerza el impulso al vehículo eléctrico
El año 2026 arrancará con un nuevo escenario para los propietarios de vehículos diésel y de gasolina en España. El Gobierno ha confirmado la continuidad y ampliación de las medidas fiscales destinadas a encarecer el uso de los combustibles fósiles, en línea con los compromisos climáticos adquiridos con la Unión Europea y con el objetivo de acelerar la transición hacia una movilidad más limpia.
El cierre de 2025 vino acompañado de la aprobación de nuevas disposiciones que supondrán un aumento de los costes asociados a los vehículos de combustión interna, mientras se mantienen y refuerzan los incentivos económicos para la compra de automóviles eléctricos e híbridos enchufables y la instalación de infraestructuras de recarga, tanto para particulares como para empresas.
Más presión fiscal sobre el diésel
Entre las medidas más relevantes figura la revisión del tratamiento fiscal del diésel, un combustible que históricamente ha contado con una menor carga impositiva que la gasolina. El Ejecutivo trabaja en la eliminación progresiva de estas bonificaciones, con el objetivo de igualar la fiscalidad de ambos carburantes.
Según estimaciones de organizaciones de consumidores como la OCU, esta equiparación podría traducirse en un incremento del precio del gasóleo de entre 7 y 11 céntimos por litro. En términos prácticos, llenar el depósito de un turismo medio podría costar varios euros más, lo que supondría un sobrecoste anual cercano a los 100 euros para conductores con un uso habitual del vehículo. El impacto sería aún más significativo en el transporte profesional y en los vehículos de mayor consumo.
Desde el Gobierno se defiende esta medida como una herramienta clave para reducir las emisiones de CO₂, corregir distorsiones históricas en la fiscalidad de los hidrocarburos y cumplir con los requisitos exigidos por Bruselas para el acceso a fondos europeos destinados a políticas verdes e innovación.
Tasas municipales en Zonas de Bajas Emisiones
A este endurecimiento fiscal se suma la posibilidad de que los ayuntamientos implanten nuevas tasas por circular en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La normativa habilita a los municipios a establecer tributos específicos para el acceso de vehículos de gasolina y diésel a estas áreas urbanas, con el objetivo de reducir la congestión y la contaminación atmosférica.
Las cuantías y condiciones concretas dependerán de cada administración local, pero se prevé que las tarifas varíen en función de factores como el nivel de emisiones del vehículo, el horario de acceso o la zona afectada. Algunos consistorios ya estudian modelos de peaje urbano temporal, aplicables solo en horas punta o en episodios de alta polución, con exenciones para vehículos eléctricos y aquellos con distintivos ambientales más favorables.
Estas medidas buscan incentivar la renovación del parque móvil, especialmente en flotas urbanas, taxis y vehículos de reparto, y avanzar hacia el objetivo de neutralidad climática en las ciudades.
Un cambio de rumbo para los conductores
Desde asociaciones de consumidores se advierte de que este nuevo marco fiscal puede acelerar la decisión de muchos conductores de abandonar los vehículos de combustión y apostar por alternativas más eficientes o totalmente eléctricas, especialmente ante la combinación de mayores impuestos y restricciones de acceso en entornos urbanos.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene su estrategia de apoyo a la movilidad eléctrica a través de planes de incentivos y deducciones fiscales, configurando un escenario en el que la penalización al coche tradicional y el impulso al vehículo cero emisiones avanzan de la mano a partir de 2026.
Fuente | eladelantado.com
