España y Francia piden a la Comisión Europea mantener la hoja de ruta que prohíbe los motores de combustión en 2035, pese a las dudas en Bruselas sobre el impacto industrial de la medida
El Gobierno español ha reafirmado su compromiso con la transición total hacia la movilidad eléctrica y ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que mantenga el calendario establecido para la prohibición de la venta de vehículos con motor de combustión a partir de 2035 y su uso en 2050, lo que incluiría también a los coches híbridos.
La postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, compartida con Francia, llega en un momento en el que desde Bruselas comienzan a surgir señales de replanteamiento sobre el ritmo de la descarbonización del transporte. Fuentes comunitarias admiten que la industria europea del automóvil atraviesa una etapa crítica, con más de 100.000 empleos en riesgo y una presión creciente sobre las cadenas de suministro, los costes energéticos y la competitividad frente a Asia y Estados Unidos.
Bruselas reconsidera su hoja de ruta
Según diversas filtraciones, la Comisión Europea estaría analizando posibles excepciones para determinadas tecnologías de bajas emisiones, como los combustibles sintéticos y los combustibles renovables, con el objetivo de introducir mayor flexibilidad sin renunciar oficialmente a los plazos establecidos.
Los combustibles sintéticos, aunque técnicamente neutros en carbono, siguen enfrentándose a altos costes de producción —el litro podría alcanzar entre 100 y 200 euros— debido a su elevado consumo energético. En cambio, los combustibles renovables, como los desarrollados por Repsol, ofrecen una alternativa más viable a corto plazo, al aprovechar residuos orgánicos y agrícolas, reduciendo significativamente las emisiones y compensando el resto mediante proyectos de absorción de CO₂.
El híbrido, en el punto de mira
Uno de los elementos más controvertidos de la posición española es la exclusión del motor híbrido como opción de transición. Actualmente, los híbridos representan casi la mitad de las ventas de vehículos nuevos en Europa y han contribuido notablemente a reducir las emisiones del parque automovilístico.
Los expertos advierten de que eliminar esta tecnología del mercado podría tener consecuencias severas para la industria, especialmente en países como España, donde el sector del automóvil aporta alrededor del 11 % del PIB y emplea a más de dos millones de personas.
Riesgos para la competitividad industrial
A pesar del impulso político hacia el vehículo eléctrico, el desarrollo industrial en España aún no acompaña al discurso oficial. Aunque se han anunciado dos gigafactorías de baterías —de Volkswagen en Sagunto y Stellantis en Figueruelas—, no se ha producido todavía ninguna batería en territorio nacional, lo que genera dudas sobre la autosuficiencia tecnológica y la viabilidad de la transición.
La posición del Gobierno español pretende enviar un mensaje claro a Bruselas: mantener la ambición climática y la certidumbre regulatoria. Sin embargo, el debate sobre el ritmo y el realismo económico de esta transformación sigue abierto y promete marcar los próximos meses en el Consejo Europeo y en las agendas industriales de los Estados miembros.
