Es una de las conclusiones que se sacan de un informe elaborado por Esade y la Fundación Caja de Ingenieros
El coche eléctrico pide más enchufes en Galicia. Es cierto que, tanto por precio como por autonomía y prestaciones, los conductores siguen apostando por los motores de combustión. Pero las estadísticas de ventas muestran que los automóviles alternativos son los que tienen un mayor recorrido en el mercado, porque son los únicos que actualmente reciben ayudas a la compra, y porque son la única posibilidad de que los fabricantes cumplan con las normas comunitarias que limitarán las emisiones de CO2 de los coches que fabriquen a partir del 2023.
En lo que va de año, en Galicia solo se han matriculado 100 unidades cien por cien eléctricas. El aumento es de un 2,7 % respecto al mismo período del año anterior. Y este tipo de vehículos solo representan el 1,22 % del total de turismos y todoterrenos matriculados.
Pero la transición hacia una economía baja en carbono se presenta como un desafío industrial y medioambiental que debe implicar a «fabricantes, proveedores, consumidores y al sector público». Es una de las conclusiones del estudio Hacia una automoción baja en carbono. Desafíos y oportunidades para la inversión sostenible, elaborado por Esade y la Fundación Caja de Ingenieros.
El informe señala al transporte como el responsable del 26 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (principalmente CO2) y atribuye al coche el 63 % de esta toxicidad.
Para evitar «consecuencias graves para el medio ambiente y la salud de las personas», los autores creen que es necesario evolucionar hacia un sector más sostenible «con medidas como el fomento del vehículo eléctrico, la desinversión en combustibles fósiles, la mejora en la eficiencia de los carburantes o el replanteamiento de la movilidad en general».
La idea de todo el camino que todavía queda por recorrer la da Daniel Arenas, autor del informe y profesor de Esade. Este experto señala que el coche eléctrico «debería representar el 35 % de las compras para el año 2030».
Más coches, más surtidores
El estudio estima además que para que la popularización de este método de transporte sea posible «se tendría que multiplicar por más de noventa el número de puntos de recarga públicos que existían en el año 2015». Por aquel entonces apenas se contabilizaban 1.700 dispersos por todo el país, 86 de ellos en Galicia. Hoy en día se superan los 4.000 en el conjunto de España y los 160 en la comunidad. El objetivo es llegar a los 145.000 en todo el país, y a algo más de 3.000 en el territorio gallego, una cifra que resulta de multiplicar por 36 los ya existentes. Y hay que lograr estas metas «si España quiere cumplir con los objetivos de descarbonización planteados para el 2030», advierte el informe.
Bonificaciones fiscales, consumos mucho más bajos y normativas en marcha para prohibir todos los coches de combustión en un horizonte no más allá del 2040 son algunos de los factores que ayudan a dinamizar el mercado de coches eléctricos que cuenta desde el pasado mes con una ayuda extra de 6.500 euros. Aunque el gran reto todavía sigue siendo el de la recarga.
Ya no habrá multas para las gasolineras sin recargadores
En noviembre del año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó con gran ruido el primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del gobierno, nacido con el objetivo de que España siga los pasos de otros países europeos y disponga de una hoja de ruta definida para ir disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles y vaya apostando por modelos energéticos y de transporte más sostenibles.
El anteproyecto de ley establecía unos plazos (en función del tamaño del negocio), y fijaba un período máximo de 27 meses para que las estaciones de servicio que vendan más de cinco millones de litros al año tuvieran operativo un servicio de recarga rápida para vehículos eléctricos. Si no lo hacían, las empresas se expondría a una multa de 30 millones de euros por infringir de manera grave la Ley de Hidrocarburos.
La medida fue fuertemente protestada desde la industria y, finalmente ha acabado fuera del texto definitivo, sin aclaración alguna de cuáles van a ser los planes de nuevo Ejecutivo que se constituya una vez transcurridas las elecciones municipales del 26 de mayo.
Galicia cuenta con una red de 625 estaciones de servicio. En el caso de que el Gobierno retome su intención de expedientar a estos negocios que no ofrezcan servicio de recarga eléctrica, la mayoría de ellas se acogerían al plazo más largo que prevé esta legislación para reconvertir el negocio, ya que la facturación media por establecimiento ronda los 2 millones de euros; y solo las gasolineras de grandes ciudades o próximas a las autovías y autopistas más confluidas superan los 5 millones.
Es una inversión costosa. Los empresarios del sector explican que instalar una electrolinera va más allá de un simple punto de recarga en la vía pública. Se trata de una instalación en donde coinciden varios surtidores de recarga eléctricos. Estos puntos deben ubicarse bajo placas solares de grandes dimensiones que generan la propia luz cuando hay sol. Para cuando no lo haya, la instalación dispondrá de un sistema de conexión alternativo. Y todo eso cuesta dinero.
La Voz de Galicia
