Bruselas investigará posibles irregularidades en fondos europeos asignados a obras bajo sospecha de corrupción en España
El caso que implica presunta corrupción en altos niveles del PSOE trasciende las fronteras nacionales, ya que afecta a recursos económicos procedentes de la Unión Europea. Según información cruzada entre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) y los datos del portal de Contratación del Estado, parte de los proyectos multimillonarios presuntamente beneficiados por dos ex secretarios de Organización del partido —José Luis Ábalos y Santos Cerdán— habrían sido financiados con dinero europeo.
Entre ellos, destacan las obras de Adif para la red de alta velocidad en Murcia, adjudicadas a una UTE liderada por Acciona por cerca de 300 millones de euros, con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Otro caso señalado es el contrato en Sant Feliu de Llobregat, también a cargo de Adif y ganado por Acciona, valorado en 51 millones de euros y sufragado en parte por los fondos Next Generation destinados a la recuperación pospandémica.
La Comisión Europea ha confirmado a El Mundo que iniciará una investigación. Desde el Ejecutivo comunitario recalcan su política de “tolerancia cero” frente al mal uso de los recursos y su exigencia de compromiso equivalente a los Estados miembros. “Cuando se detectan indicios de posibles anomalías, se actúa de inmediato”, aseguran.
La Fiscalía Europea también está atenta, y según especialistas consultados, es probable que el Gobierno español se vea obligado a excluir estos proyectos sospechosos de la financiación europea, en un proceso conocido como «descertificación». Ya existe un precedente: la ministra María Jesús Montero tuvo que retirar 17,7 millones de euros del uso de fondos europeos para la compra de material sanitario durante la pandemia. Esta retirada preventiva permite redirigir el dinero a otras iniciativas, evitando el riesgo de tener que reembolsar los fondos en caso de confirmarse un fraude.
Este escándalo se suma a las ya existentes dificultades en la ejecución del Plan de Recuperación. Aunque el presidente Pedro Sánchez no lo dijo directamente durante su comparecencia del jueves pasado en Ferraz, dio a entender que no adelantar elecciones para no poner en riesgo la llegada de los fondos. Defendió la continuidad del Gobierno para garantizar “la estabilidad necesaria” y seguir implementando su agenda económica y social.
Sin embargo, esa supuesta estabilidad contrasta con el panorama descrito por el Banco de España, que en su último informe expresa una “incertidumbre significativa” sobre el volumen y composición de los fondos europeos que finalmente se ejecutarán, así como su verdadero impacto en la economía nacional.
Según Eurostat, España ocupa la posición 13 entre los países de la UE en cuanto al grado de ejecución de las subvenciones del plan. Pese a ser una de las naciones más necesitadas de este apoyo financiero, por su alta tasa de desempleo y bajo nivel de renta per cápita, apenas ha utilizado un 40 % de los 80.000 millones de euros asignados. Si se suman los préstamos, el porcentaje cae a apenas el 20 %. La media europea es del 45 % en subvenciones, con países como Dinamarca (88 %), Francia (87 %) e Italia (52 %) notablemente por delante.
La baja absorción no es el único problema. También hay obstáculos con el cumplimiento de las condiciones impuestas por la UE. Por ejemplo, no hay una fecha definida para aprobar el quinto tramo de financiación, solicitado por el Gobierno español en diciembre de 2023 y valorado en 25.000 millones de euros. La solicitud no ha sido aprobada aún debido a compromisos incumplidos, como el retraso en la subida del impuesto al diésel. Además, el Ministerio de Economía ha modificado dos veces, en solo tres meses, las condiciones vinculadas a este pago, sin ofrecer explicaciones públicas.
Mientras países como Italia, Grecia o Portugal ya han recibido su quinto tramo, la Comisión Europea ha advertido que España aún está lejos de completar su hoja de ruta. El informe del equipo de Valdis Dombrovskis señala que solo se han cumplido el 30 % de los hitos del plan nacional. Exige reforzar la coordinación entre administraciones y acelerar la ejecución antes de la fecha límite del 31 de agosto de 2026. También deja claro que no se contemplan prórrogas por ahora, y que, de concederse, irán acompañadas de condiciones más estrictas.
A todo esto se suma la falta de Presupuestos Generales del Estado y la presión creciente de organismos internacionales, como la OTAN, para incrementar el gasto en defensa. En este contexto, cualquier intento del Gobierno por consolidar su posición parlamentaria podría depender del respaldo de fuerzas independentistas, que ya reclaman más concesiones fiscales y condonación de deuda.
Fuente | elmundo.es
