La Fiscalía General del Estado ha pedido a las comunidades autónomas información sobre el grado de cumplimiento de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en España. El objetivo es identificar qué municipios están incumpliendo la Ley de Cambio Climático de 2021, que obliga a los de más de 50.000 habitantes a tener una de estas áreas desde 2023.
Cuando analice la documentación, la Fiscalía decidirá qué medidas adoptar contra las administraciones que no han aplicado la norma.
Mientras tanto, los ministerios de Transición Ecológica e Interior ultiman un decreto que obligará a los ayuntamientos a multar a los coches contaminantes y pondrá fin a las ZBE fake, aquellas que existen solo sobre el papel o no restringen realmente el tráfico. Transportes, por su parte, ya exige disponer de una ZBE para acceder a fondos estatales de transporte público.
Las ZBE prohíben la circulación de los vehículos más contaminantes —los que tienen etiqueta A o ninguna— y, en algunos casos, también de los B y C, permitiendo el acceso a los ECO y CERO.
Más de la mitad de los municipios obligados no han cumplido el mandato. La Fiscalía, antes de abrir diligencias, ha pedido colaboración a las comunidades autónomas para determinar el estado real de cada zona y verificar si cumplen los criterios establecidos: superficie suficiente, delimitación clara y restricciones efectivas.
El nuevo decreto que prepara el Gobierno obligará a sancionar a los infractores y permitirá restringir el acceso a vehículos con un único ocupante. Además, la Abogacía del Estado ha advertido que los ayuntamientos que recibieron fondos europeos Next Generation y no han implantado sus ZBE podrían ser sancionados con multas de hasta el triple de la ayuda percibida o tener que devolverla antes de finales de 2025.
Fuente | elpais.com
