Los transportistas inciden en la obligación municipal de devolver el importe de las sanciones relativas a la ordenanza inicial que regulaba las restricciones, un retorno que aún no han recibido
El castigo judicial a la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (ZBE) ha sido absoluto. En primera instancia, fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que tumbó las restricciones en marzo de 2022 al considerar excesivas las limitaciones planteadas por la ordenanza municipal barcelonesa encargada de regular la medida.
El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo (TS) ratificó la anulación de la citada normativa, tras desestimar los recursos presentados por el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona y la Generalitat, una decisión judicial que llegó después de que el consistorio barcelonés aprobara una modificación de la ordenanza original para burlar a la Justicia y mantener las limitaciones en Barcelona.
Uno de los contenciosos administrativos presentados durante este periodo fue el de los transportistas, en el que se unieron cinco asociaciones para expresar su rechazo a la primera ordenanza. El TSJC lo estimó, lo que escenificó un revés definitivo a la medida. Tal y como se desprende de un anuncio del Ayuntamiento publicado en el Boletín Provincial barcelonés este febrero, esta sentencia también impuso las costas del recurso al consistorio por un máximo de 3.000 euros, al mismo tiempo que reafirma la obligación, por parte del consistorio, para retornar las multas a todos los afectados.
Satisfacción en el sector
Yolanda Redondo, secretaria general de la Federación Catalana de Transportes de Barcelona (TRANSCALIT), expresa la satisfacción del sector por las sentencias judiciales. “Es una sentencia que ayuda a que las normativas que regulen esta cuestión sean medidas estudiadas, proporcionadas, tengan una base y ofrezcan alternativas“, explica. La portavoz de la Federación recuerda que los profesionales también quieren “un aire más limpio”, pero remarca la importancia de tratar “la forma para llegar a este objetivo”.
Evaristo Magaña, presidente de la Asociación de Transportistas Agrupados Condal (ASTAC CONDAL), también celebra el sentido de las decisiones judiciales sobre la ordenanza inicial de la ZBE. “Es importante que las administraciones valoren las repercusiones económicas de este tipo de ordenanzas“, asegura, tras lo que recuerda que la mayoría de las ciudades obligadas a disponer de una ZBE “han copiado el modelo de Barcelona”. Magaña también apunta que muchos transportistas sancionados “no están organizados” en colectivos de transportistas.
Sanciones sin retornar
Redondo y Magaña insisten en que el Ayuntamiento está obligado a retornar el importe de las multas a los sancionados a raíz de la ordenanza tumbada por la Justicia. Ambos exigen el reembolso de estos importes a los transportistas afectados, unas devoluciones que aseguran que no se han producido a día de hoy.
Al cierre de esta edición, el Ayuntamiento no ha detallado si se ha procedido a la devolución de las multas derivadas de la ordenanza de la ZBE previa a su modificación.
Vía judicial
Tras las sentencia del TS que anuló la primera normativa, las citadas asociaciones, el Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció, la Asociación General de Autónomos Pimes Transportistas de Cataluña (AGTC) y Transprime Spanish Shippers Council exigieron de forma conjunta la devolución de las multas.
Estos colectivos señalaron la importancia de “determinar las ventajas y las cargas” en la “elaboración de políticas ambientales”, así como la necesidad de garantizar la “proporcionalidad” de estas medidas.
En caso de que no se llevara a cabo el retorno de las sanciones, los transportistas no descartaron el uso de la vía judicial para reclamar los importes.
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