Otros cinco países (Francia, Italia, República Checa y Croacia) también han sido mencionados por ‘deficiencias relacionadas con la documentación de los controles y la programación de las auditorías’, entre otros aspectos.
Advertencia del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea a España por la falta de supervisión en la distribución de los fondos europeos. El organismo comunitario señala que los controles sobre los fondos de recuperación Next Generation han sido ‘deficientes’ para garantizar que la asignación cumpla con las normativas de licitaciones públicas y ayudas estatales.
Así lo refleja en su último informe fiscalizador, en el que reconoce que, aunque los controles realizados por la Comisión Europea han mejorado desde 2021, señalan que persisten ‘deficiencias de supervisión’ y que los sistemas de los Estados aún presentan ‘carencias significativas’ para asegurar el cumplimiento de estas normas, especialmente en lo referente a las licitaciones.
Cinco países concentran las mayores incertidumbres, entre ellos España, que junto a Francia, Italia, República Checa y Croacia, figuran como los Estados con los sistemas de control menos eficientes. En todos estos países, los mecanismos de supervisión de la contratación pública han quedado en entredicho, ya que los auditores detectaron fallos en la cobertura, la calidad o la planificación de los controles.
El caso de España
En lo que respecta a España, se señalan ‘irregularidades vinculadas a la documentación de los controles y la programación de las auditorías’, aunque las deficiencias son menos ‘graves’ que las identificadas en Francia y República Checa.
En lo que respecta a la supervisión de la contratación pública, los auditores identificaron que las autoridades nacionales enfrentaban dificultades con el alcance, la calidad o la planificación de los controles. También cuestionan que los países de la UE no siempre recuperaron los fondos adeudados por los beneficiarios finales en caso de infracciones, o lo hicieron solo parcialmente. Además, señalaron que los recursos no se reintegraron al presupuesto de la UE ni se descontaron de futuros desembolsos del fondo de recuperación.
**»No obstante, la Comisión aclara que los fondos recuperados por los países debido a irregularidades no tienen que ser reintegrados al presupuesto europeo, siempre que las reformas e inversiones vinculadas continúen en marcha, ya que el cumplimiento de los hitos y objetivos es la ‘única condición’ para efectuar los pagos.
El Tribunal admite que la responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos, sino también en la estructura del propio fondo, en el que la principal exigencia para liberar los pagos es que los Estados alcancen de manera satisfactoria los hitos y metas de sus planes de recuperación. Advierten que este enfoque podría disminuir el efecto disuasorio de las medidas correctivas.
«En la práctica, esto significa que los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pueden realizarse íntegramente, incluso si se han infringido las normas sobre contratación pública o ayudas estatales«, señalan en un comunicado.
La situación ‘mejora’ según la evaluación de los auditores en lo que respecta a las ayudas estatales, ya que en la mayoría de los países existían controles que abarcaban los principales riesgos. Sin embargo, el informe señala que los organismos nacionales responsables de las auditorías, por lo general, ‘carecían de certezas’ sobre las ayudas estatales al presentar las solicitudes de pago a la Comisión.
El Tribunal de Cuentas atribuye esto, en parte, a que las normativas eran ‘ambiguas’ respecto a cómo los países debían verificar el cumplimiento de las reglas de contratación pública y ayudas estatales. Por esta razón, las auditorías iniciales de la Comisión Europea se centraron más en supervisar posibles fraudes, casos de corrupción y conflictos de intereses, en lugar de enfocarse en esas regulaciones, según recoge Efe.
La Comisión Europea trata de no perjudicar su propia imagen y destaca que, ‘a pesar de las debilidades menores detectadas’, todos los pagos realizados en 2023 se respaldaron en un ‘robusto sistema de garantías’, subrayando que desde ese año han ido incrementando el alcance de sus controles.
En sus conclusiones, advierten que si surgen casos graves de fraude o corrupción que no sean subsanados, la Comisión tiene la potestad de actuar para reclamar la devolución de los fondos. Un mensaje claro para España.
Fuente | larazon.es
