La reciente votación de la Asamblea Nacional en Francia, que ha aprobado la supresión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el país, ha reavivado el debate sobre la viabilidad de esta normativa en España. Mientras tanto, el Gobierno español continúa presionando para su aplicación plena en todo el territorio, a pesar de los numerosos obstáculos que enfrentan los ayuntamientos para su puesta en marcha definitiva.
En Francia, la decisión fue respaldada por una mayoría de diputados que consideraron la medida discriminatoria. Esta postura ha reforzado a los colectivos contrarios a una regulación que, si bien está enfocada en mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones en entornos urbanos, ha generado fuerte rechazo social y político. En España, más de 160 municipios estaban obligados por ley a implantar las ZBE desde 2023, pero solo una tercera parte ha logrado hacerlo de forma efectiva.
La implantación, además, ha chocado con decisiones judiciales que han paralizado tanto su desarrollo como la imposición de sanciones en ciudades como Madrid, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Badajoz o Granada. En esta última, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió recientemente un recurso del grupo municipal de Vox contra la medida.
A estos retos legales y administrativos se suma la oposición de asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos y entidades del sector del automóvil. La presión social ha sido considerable en varios puntos del país. La reciente decisión francesa ya ha motivado que algunos grupos parlamentarios españoles planteen la posibilidad de llevar a debate en el Congreso una posible revocación general de la normativa.
Pedro Martínez de Artola, presidente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), considera inminente un «efecto carambola» en España. «Esto es una cuestión de derechos ciudadanos y libertad», declaró, aludiendo a los recursos presentados contra las restricciones en ciudades como Bilbao y San Sebastián. Según él, las dos vías más probables para tumbar las ZBE serán la política o la judicial. Su valoración es tajante: “Las ZBE tienen los días contados.”
Cabe recordar que en el Encuentro Ciudadano con la Movilidad celebrado el año pasado, varios expertos señalaron un mal enfoque en la aplicación de la normativa en España. Según el abogado Francisco López Lera, la directiva europea sobre ZBE establece orientaciones y principios, pero no impone obligaciones estrictas. Además, subrayó que estas zonas deben responder a criterios científicos objetivos y formar parte de planes integrales de calidad del aire.
La revocación generalizada de la normativa en Francia podría costar al país vecino más de 3.000 millones de euros, una cifra que también podría pesar en futuras decisiones a nivel nacional y europeo.
Fuente | mundodeportivo.com
