Pase a su reciente entrada en vigor, decenas de municipios han pedido una moratoria en su aplicación
este período se ha producido lo anticipado desde asociaciones de conductores y federaciones de municipios, es un completo desastre.
Y lo será más aún conforme comiencen a llegar las sanciones de 200 euros a los domicilios de los conductores que, con conocimiento o sin él, infrinjan la normativa, lo cual se ha demostrado que es muy sencillo en ciudades como Madrid en las que lleva ya meses en activo.
Multas inminentes
La realidad es que el importe de la multa fijado por la DGT en la última Ley de Tráfico de marzo de 2022, 200 euros, es prácticamente el único de los elementos unificado en las diferentes normativas de circulación que deben desarrollar los ayuntamientos de cada uno de los municipios afectados.
Esta normativa es de obligada aplicación a partir del pasado 1 de enero por todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, en total 149, pero la realidad es que se habla de un 87 % de municipios que no la han desarrollado aún. En algunas localidades como Barcelona, su funcionamiento está en suspensión judicial, mientras que son muy numerosos los que han pedido una moratoria para su puesta en funcionamiento en 2024.
Difícil en año electoral
Hay que tener en cuenta que 2023 es año electoral local, con lo que la mayor parte de los ayuntamientos no quieren aplicar una medida que va a resultar muy impopular.
A día de hoy ya hay algunas ciudades que han apostado por limitación total a determinados coches, tal y como ha hecho Madrid con los automóviles sin etiqueta, mientras que otras han optado por limitaciones horarias en función de las pegatinas DGT o en función de si el propietario del coche es residente en la zona o no.
La semana pasada el Gobierno abrió incluso la puerta a que los ayuntamientos puedan cobrar a los coches más contaminantes por entrar al centro de la ciudad, en lo que ha sido denominado peajes urbanos.
Casi 30.000 euros en un sólo día
La situación es de caos absoluto. De hecho, en el hipotético caso de que el conductor de un coche sin etiqueta pudiera recorrer en un sólo día las 149 ciudades podría ser multado en cada una de ellas por regulaciones diferentes, lo que a 200 euros la sanción haría un total de 29.800 euros, 14.900 euros con la reducción al 50 % por prontopago.
La realidad es que incluso los residentes en algunas de estas localidades van a tener serios problemas para identificar cuáles son las calles por las que pueden o no circular con su coche. Y en este caso las multas no son comunicadas por agentes de la policía local, sino que son sofisticadas cámaras lectoras de matrículas que emiten decenas de sanciones por minuto.
