La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha presentado el anteproyecto, que tendrá que ser aprobado en las Cortes en 2023, y que busca fomentar la movilidad sostenible en las ciudades
El Consejo de Ministros ha validado este martes el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y lo ha remitido a las Cortes para que se tramite por la vía de urgencia. De esta forma, se espera que la norma pueda ser aprobada de manera definitiva en 2023. El texto presentado por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, busca reducir las emisiones contaminantes y los gases de efecto invernadero asociados al tráfico.
Las partículas contaminantes vinculadas al transporte son responsables de 25.000 muertes prematuras al año en España, según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Además, el 27% de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera en el Estado se vinculan al transporte. El proyecto legislativo busca, según ha anunciado la ministra, atajar este problema para mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a la lucha contra la crisis climática. Para ello, se incentiva un nuevo modelo urbano que prioriza la movilidad activa – a pie o en bicicleta– y el transporte público y colectivo frente al coche y el vehículo privado.
En ese sentido, la norma consolida las denominadas zonas de bajas emisiones, áreas con restricción al tráfico como Madrid Central. Con esta norma se busca asentar las bases legales para que los Ayuntamientos puedan instaurar de manera voluntaria tasas para condicionar el acceso al centro de las ciudades. De este modo, habrá unos criterios mínimos que homogenizarán ese tributo en todo el país.
El Gobierno es consciente de que buena parte de los trayectos urbanos en coche diarios se deben a rutas que van del hogar al puesto de trabajo. Por ello, la futura ley pretende que las empresas de más de 500 empleados –o 250 por turno– estén obligadas a diseñar planes de movilidad sostenible al centro de trabajo. Así, las grandes compañías deberán incentivar la movilidad activa, financiar el transporte público de sus empleados o instaurar directamente el teletrabajo.
La futura norma también apuesta por la creación de entornos escolares seguros con restricciones al tráfico rodado en los aledaños de los colegios e institutos, además de mejoras en las rutas para que los menores puedan acudir a diario a su centro.
Bases para el vehículo autónomo
La norma diseñada desde el gabinete de Raquel Sánchez mira al futuro y establece unas bases para que las diferentes administraciones puedan regular y promocionar la llegada del vehículo autónomo. Se facilitarán además los permisos para realizar pruebas con este tipo de coches en vía públicas, de modo que España atraiga inversores del sector.
Por lo que se refiere al ente público, el texto presentado en el Consejo de Ministros crea nuevas herramientas para garantizar que las inversiones del Estado recojan la opinión de la ciudadanía a través de mecanismo de participación.
Mercancías
El transporte de mercancías en España está canalizado hacia las carreteras. Tanto es así, que el 95,7% de los traslados de bienes se hacen en camiones o furgonetas, mientras que los trenes del país apenas sirven para llevar el 4,1% de las mercancías. Un porcentaje muy bajo si se compara con los países del entorno europeo, que disponen de una cuota media de transporte ferroviario del 16,8%, según los datos del Eurostat.
Sin embargo, este punto no termina de ser atajado en la futura norma que, sin embargo, si busca mejorar la sostenibilidad del tráfico rodado, con la creación de estaciones de recarga en puntos estratégicos como puertos o aeropuertos, de tal forma que los transportistas tengan más garantías para disponer de vehículos eléctricos.
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