No es ni mucho menos Salamanca la única ciudad que ha demorado la llegada de las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Son muchos los municipios de todo el país que han vuelto a retrasar su implantación, ya sea porque sus ayuntamientos aún no tienen listos todos los recursos que necesitan o porque quieren incidir más en informar a su población para mitigar el rechazo y las quejas que prevén que generará entre sus vecinos.
En cumplimiento de un acuerdo unánime del pleno asumido a finales de septiembre, el Ayuntamiento de Ávila trabaja ya en una «moratoria informativa de seis meses». Aunque la previsión era que su Zona de Bajas Emisiones empezase a funcionar el 1 de enero de 2025, esta prórroga, recogida en una disposición transitoria de la ordenanza, supondrá que no se multará hasta julio a quienes incumplan la normativa.
El pasado jueves el Ayuntamiento de Valladolid aprobó de forma definitiva la ordenanza que regula su ZBE. El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ya dejó claro que el Gobierno del alcalde Julio Carnero aboga por una norma que sea «lo más flexible posible» dentro de las leyes europeas que exigen su puesta en marcha. Así, de momento, su entrada en vigor para los vehículos sin etiqueta se fija para el 1 de julio de 2025. La siguiente fase de restricciones, para los vehículos con etiqueta B, se deja para el 1 de enero 2028.
En la misma línea, la semana pasada, el Ayuntamiento de Guadalajara publicó una nota de prensa en la que anunciaba el aplazamiento hasta el 1 de octubre de 2025 de la entrada en pleno funcionamiento de su Zona de Bajas Emisiones. Los motivos en los que justifica este retraso son que el nuevo contrato de estacionamiento regulado con control horario, vinculado a la ZBE, cuyo expediente se inició en julio, está en trámite y no estará adjudicado y formalizado a comienzos del próximo año. Además, también aprovechará esta moratoria para buscar «nuevas medidas que minimicen el impacto de esta zona en los vecinos y comercios del casco histórico».
El pasado septiembre el segundo teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Movilidad de la ciudad de Oviedo, Nacho Cuesta, dejó claro que cumplirá con la normativa europea que obliga a generar una zona de acceso restringido para los vehículos más contaminantes, pero no espera tenerla lista hasta mediados de 2026. En Gijón, por su parte, el Gobierno local ha manifestado en varias ocasiones, que no tiene ninguna intención de sancionar a quienes accedan indebidamente a la Zona de Bajas Emisiones.
Como consecuencia de todo ello, el propio Ministerio para la Transición Ecológica informa en su web de que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que funcionan completamente son bastante escasas mientras que por todo el país está salpicado de municipios en los que estas se encuentran en tramitación, una fase que cada vez se dilata más en la mayoría de ellos.
La Gaceta de Salamanca
