Galicia es una de las comunidades afectadas por el cierre de Meirama el próximo año debido a la transición energética
La nueva Comisión Europea, presidida por la conservadora Úrsula von der Leyen, dará máxima prioridad en su agenda para los próximos cinco años a las políticas climáticas y de transición energética, incluyendo una mayor ambición en los objetivos de reducción de emisiones de CO2 (gas responsable del calentamiento del planeta) y compensaciones para los territorios en riesgo de resultar perdedores en ese proceso. Galicia está concernida por esas líneas de trabajo de Bruselas.
Las negociaciones para la elección de la nueva presidenta, finalmente apoyada por los tres bloques principales del Europarlamento (conservadores, socialistas y liberales), condujo a que Von der Leyen asumiera la creación un fondo específico para las regiones que sufrirán quebrantos con la transición energética, como los cierres de centrales térmicas (el de Meirama está previsto para el próximo año) de Galicia y otras comunidades españolas. El eurodiputado socialista Jonás Fernández, que siguió de cerca las conversaciones, ha confirmado la existencia de ese compromiso, objetivo del lobby de regiones carboneras de la UE. La cuantía del fondo y los criterios de asignación del dinero están por perfilar y dependerán de la negociación del nuevo marco presupuestario 2021-2027. Medios sindicales han señalado que en los pasillos de Bruselas se ha hablado de unos 4.000 millones de euros.
Impuesto sobre el CO2
La presidenta de la Comisión Europea también se ha comprometido a promover la creación de un “impuesto de frontera sobre el CO2 para evitar la fuga de carbono”, según adelantó el pasado 16 de julio en su discurso ante la Cámara de Estrasburgo. Se trata de una versión de conocido como “arancel ambiental” y técnicamente llamado “ajuste fiscal en frontera” que está reclamando la industria siderúrgica europea. Supone gravar las importaciones de acero extracomunitario fabricado bajo normas ambientales más laxas y sin los sobrecostes que conlleva „y conllevará sobremanera a partir de 2021„ la obligación de adquirir derechos para emitir CO2 en el mercado de carbono.
La creación de esa figura, que frenaría el riesgo de dumping ambiental y la amenaza de cierres y deslocalizaciones de cabeceras siderúrgicas en la Unión Europea, requerirá del apoyo de los gobiernos nacionales e hilar muchos intereses. Los países con menos industria metalúrgica básica pueden ser renuentes a introducir el impuesto y cabe pensar que los principales lobbies de la industria transformadora, como la del automóvil, maniobrarán en contra para seguir beneficiándose de la devaluación de precios que produce la entrada en el mercado de acero barato extracomunitario en proporciones relevantes.
El establecimiento del arancel ambiental es una de las principales reivindicaciones de la industria dirigida a Bruselas. Puertas adentro de España, el sector sigue esperando por el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, mecanismo demandado para rebajar el precio de la luz para los procesos productivos con mayor gasto (metalurgia como es el caso de las fábricas que acaba de vender Alcoa, fabricación de cemento, industria química…) y reducir la desventaja frente a otros competidores.
“Nos preocupa mucho la incertidumbre política; el Ministerio de Industria se había comprometido a presenta el documento para su aprobación en pocas semanas, pero sin nuevo gobierno formado no es posible”, comentó a este diario Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), organización a la que pertenecen Alcoa y Ferroatlántica entre otras electrointensivas con intereses en Galicia. En diciembre de 2018, el Gobierno se obligó legalmente (a través de un real decreto-ley) a elaborar y aprobar en seis meses el estatuto. El borrador se presentó en marzo, pero el Ejecutivo frenó el proceso ante las dudas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el encaje legal con las restricciones europeas a las ayudas de estado. El borrador había defraudado además a la industria por su limitado impacto en el precio de la electricidad.
“El estatuto debe estar orientado a eliminar las diferencias de precio con los competidores de otros países; en el caso de Alemania y Francia esas diferencias son de 20 o 25 euros por megavatio”, remarcó Soto. A petición de las empresas, el Gobierno está estudiando la opción de exonerar a la industria electrointensiva de al menos parte de los cargos de la factura que corresponden a las primas de retribución que reciben los productores renovables, como ya se hace en Alemania.
La industria espera también que se cumpla el anuncio de elevar hasta los 190 o 200 millones los repartos de fondos para compensar al sector por los costes indirectos de CO2, los que tiene a través del recibo eléctrico. El Gobierno ha confirmado por el momento.
La Opinión A Coruña
