El nuevo sistema de ayudas a la compra de vehículos eléctricos anunciado por el Ministerio de Industria ha abierto un frente de tensión con los concesionarios. El Gobierno ha decidido que las subvenciones ya no se paguen directamente al comprador, sino que se gestionen a través de la red comercial, que aplicará el descuento en el momento de la venta dentro del nuevo Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones de euros y enmarcado en la estrategia del Plan Auto 2030.
El cambio supone un giro respecto a los anteriores planes Moves y pretende acabar con uno de los principales problemas que arrastraban las ayudas públicas: las largas esperas para cobrar la subvención. A partir de ahora, el comprador verá reflejada la ayuda directamente en el contrato de compraventa, mientras que será el concesionario quien solicite y gestione el incentivo ante la Administración.
Un modelo inspirado en la DANA
El esquema elegido toma como referencia el Plan Reinicia Auto+, activado tras la DANA para facilitar la sustitución de vehículos dañados. En aquel programa, los concesionarios adheridos tramitaban la ayuda y aplicaban el descuento una vez cerrada la operación, evitando que el ciudadano tuviera que adelantar el dinero y esperar meses para recuperarlo.
Industria quiere extender ahora este modelo a todo el territorio nacional para la compra de coches 100 % eléctricos. En la práctica, el proceso para el comprador se resumirá en tres pasos: elegir un vehículo que cumpla los requisitos, firmar la operación mientras el concesionario tramita la ayuda y beneficiarse del descuento de forma inmediata en la factura.
Reticencias en la red comercial
Sin embargo, la iniciativa no ha sido recibida con entusiasmo unánime por parte de los concesionarios. Las patronales del sector advierten de que todavía falta por concretar la “letra pequeña” del programa y expresan su preocupación por el riesgo financiero que podría recaer sobre ellos si los fondos se retrasan o se agotan con operaciones ya comprometidas.
La principal duda es quién asume el coste si la ayuda no llega a tiempo. Parte de la red comercial rechaza adelantar el importe con recursos propios y teme que una mala configuración del sistema genere un nuevo cuello de botella, similar al vivido con el Plan Moves. Reclaman un procedimiento sencillo, homogéneo en todas las comunidades autónomas y con plena seguridad jurídica.
La apuesta del Gobierno
Desde el Ejecutivo defienden que centralizar la gestión en la Administración General del Estado —y no en las comunidades autónomas, como ocurría con el Moves III— permitirá ganar agilidad y reducir trámites. Aun así, en el sector persiste el escepticismo sobre la capacidad de los concesionarios para asumir una mayor carga administrativa sin que ello afecte a la operativa diaria.
Un paquete más amplio para la movilidad eléctrica
El Plan Auto+ forma parte de un paquete de apoyo más amplio a la electrificación del transporte. Junto a los 400 millones destinados a la compra de vehículos eléctricos, el Gobierno ha previsto 580 millones de euros para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), orientado a la industria, y 300 millones para el despliegue de puntos de recarga en las denominadas “zonas sombra”.
El impacto real del nuevo modelo dependerá de que las ayudas lleguen a tiempo, de que los concesionarios no se vean desbordados y de que la red de recarga crezca al ritmo que exige la descarbonización. Mientras tanto, muchos potenciales compradores se hacen la misma pregunta: esperar al nuevo Plan Auto+ o aprovechar las ofertas ya disponibles en el mercado.
Fuente | okdiario.com
