El Gobierno ha confirmado el inicio de la retirada gradual de las medidas fiscales aplicadas a los carburantes, marcando así el comienzo de una nueva etapa en la política energética tras meses de bonificaciones excepcionales. A partir del 1 de julio, el IVA de la gasolina y el diésel volverá al tipo general del 21%, después de haber estado reducido al 10% durante más de dos meses.
Esta decisión se enmarca dentro del paquete de medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio, cuya evolución ha condicionado los precios internacionales de la energía. Según ha explicado el Ejecutivo, la eliminación de las ayudas se realizará de forma progresiva para evitar un impacto brusco en los consumidores.
En concreto, la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos se reducirá escalonadamente: 15 céntimos por litro durante el mes de julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. A partir de octubre, desaparecerá por completo cualquier bonificación directa sobre los carburantes.
Desde el Ministerio de Economía se ha subrayado que esta transición se ajustará a la evolución de los mercados energéticos internacionales, con el objetivo de minimizar el impacto en hogares y empresas. Además, el plan contempla una cláusula de reactivación que permitiría recuperar ayudas de hasta 20 céntimos por litro en caso de que los precios vuelvan a dispararse por tensiones geopolíticas.
Pese a la retirada de estas bonificaciones, el Gobierno mantendrá apoyos específicos para sectores estratégicos. Es el caso de agricultores y transportistas, que continuarán recibiendo una ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo. Asimismo, se ha aprobado un paquete adicional de 165 millones de euros destinado a la adquisición de fertilizantes.
En paralelo, el Ejecutivo ha decidido no prorrogar las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y el gas, avanzando hacia una normalización del sistema tributario energético. No obstante, sí se ha anunciado una reducción progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que desaparecerá completamente en 2028 como parte de una estrategia para impulsar la electrificación de la economía.
En conjunto, las medidas aprobadas suponen un alivio fiscal estimado en más de 1.800 millones de euros, a los que se suman otros 2.700 millones derivados de la eliminación gradual del impuesto a la producción eléctrica. Un escenario que, aunque busca estabilidad a medio plazo, anticipa un encarecimiento progresivo de los carburantes en los próximos meses.
Fuente | bolsamania.com
