Canarias moderniza su marco legal del transporte terrestre para adaptarlo a los nuevos retos
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto a la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, han celebrado hoy la aprobación parlamentaria del Proyecto de Ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, tras más de una década sin cambios.
La nueva normativa, que tiene su origen en el Decreto-ley 6/2024 impulsado por la Dirección General y validado en noviembre pasado, incluye un amplio conjunto de propuestas y enmiendas consensuadas con los grupos parlamentarios. Su objetivo es fortalecer la seguridad jurídica, actualizar aspectos técnicos clave y armonizar la legislación autonómica con la normativa europea vigente.
El consejero ha subrayado que “se trata de una reforma de gran calado que no se producía desde 2007, y que marca un antes y un después en la ordenación del transporte en Canarias”. Un proceso que, además, ha contado con la participación activa del propio sector, con el que se ha trabajado de forma coordinada para lograr acuerdos en un ámbito complejo y con múltiples intereses. “Este consenso refuerza el valor de esta ley y demuestra la voluntad colectiva de avanzar hacia un modelo más justo y eficaz”, añadió Rodríguez.
Hacia una movilidad sostenible y respetuosa con el territorio
Uno de los pilares fundamentales de esta reforma es la incorporación de criterios ambientales en la planificación y concesión de licencias y autorizaciones, con el objetivo de fomentar un transporte más sostenible. “Es un giro estructural hacia un modelo que cuida el entorno y prioriza la calidad de vida en nuestras islas”, destacó Rodríguez.
En la misma línea, la directora general ha señalado que el sector venía reclamando desde hace tiempo una reforma legislativa. “Las condiciones han cambiado, y aunque en su momento fue una ley pionera, había quedado desfasada y presentaba incluso contradicciones con el marco legal europeo”, explicó. Para Fernández, la aprobación de esta ley representa un paso clave hacia una regulación más moderna, coherente y alineada con las necesidades del archipiélago.
Una transformación estructural del sistema de transporte
El nuevo texto legal introduce profundos cambios en la regulación y planificación del transporte en Canarias, abarcando tanto la dimensión técnica como los aspectos sociales y medioambientales. Entre las principales novedades destacan:
- Mayor seguridad jurídica en los procesos de autorización, en especial los relacionados con los VTC, lo que favorecerá una tramitación más clara y eficaz.
- Refuerzo del transporte público esencial, como el taxi, integrándolo plenamente en los planes insulares de movilidad y reconociendo su papel estructural.
- Ampliación de la planificación insular, otorgando un año adicional a los cabildos para definir parámetros clave como la capacidad de carga, calidad del aire o equilibrio en el uso del espacio público.
Mejoras técnicas y adaptación europea
La ley también contempla mejoras operativas para incrementar la eficiencia y transparencia del sector:
- Clarificación de normas para servicios discrecionales.
- Obligatoriedad de trámites electrónicos en los procedimientos administrativos.
- Adaptación plena al Reglamento Europeo 1071/2009.
- Inclusión del transporte a la demanda como nueva modalidad.
- Participación de grandes empresas (más de 200 empleados) en los planes de movilidad de sus plantillas.
- Exclusión de las autocaravanas recreativas del ámbito de aplicación.
Atención especial a zonas rurales y escolares
Con el fin de garantizar un acceso equitativo al transporte en todo el territorio, la ley permite de manera excepcional que taxis y VTC puedan cubrir rutas escolares en áreas rurales con baja cobertura. Además, se amplía el concepto de transporte escolar para incluir centros de educación infantil, guarderías y actividades extraescolares organizadas.
Refuerzo del control y protección del usuario
El nuevo marco normativo incluye medidas más estrictas contra el transporte ilegal, como la inmovilización de vehículos que operen sin autorización. También se introducen mecanismos de protección ante agresiones a conductores y usuarios, se garantiza la subrogación del personal en casos de cambio de empresa concesionaria y se limita la operativa de los VTC, que no podrán circular en busca de clientes, ni ocupar zonas reservadas a taxis o guaguas.
Un compromiso con el futuro
Para finalizar, María Fernández ha destacado que “esta reforma va mucho más allá de una simple actualización técnica: representa una apuesta decidida por una movilidad moderna, segura y comprometida con la realidad social, territorial y ambiental de Canarias. Con ella, avanzamos hacia un modelo más equitativo, eficaz y sostenible para toda la ciudadanía”.
Fuente | gobiernodecanarias.org
