Los aparcamientos no residenciales de Madrid deberán instalar puntos de recarga eléctrica antes de 2024

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno el texto definitivo de la nueva Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad (OCAS), que se elevará al Pleno en marzo para autorizar su entrada en vigor.

La principal novedad de la normativa con respecto a las medidas ya anunciadas en noviembre radica en la exigencia de que todos los aparcamientos de edificios no residenciales deberán contar con puntos de recarga eléctrica antes de enero de 2024.

Esta obligación se aplicará sobre los parkings de nueva construcción de uso distinto al residencial -comerciales, de oficinas u hoteles, entre otros- y públicos de uso permanente con capacidad para más de 20 vehículos. En concreto, se deberá instalar al menos una de estas estaciones de carga por cada 40 plazas de estacionamiento. Este mismo requerimiento se pedirá a los aparcamientos de estas características ya construidos que se sometan a ampliaciones o reformas importantes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor la luz verde a esta Ordenanza que “nos sitúa a la vanguardia” tras recordar que la urbe no dispone de una regulación específica y homogéna respecto a la mejora de la calidad del aire desde 1985. “Por primera vez en décadas asumimos la sostenibilidad desde el punto de vista normativo, algo urgente como consecuencia de la pandemia”, ha remarcado.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha manifestado que, pese a que en Ciudadanos “a veces no hemos coincidido en algunas cosas”, se trata de una “excelente Ordenanza”, la cual considera “una evolución, clarísimamente” al comprender “cuestiones no abordadas en otros países”.

Recoge 44 alegaciones de asociaciones

El proyecto inicial de la OCAS recibió luz verde por parte del Ejecutivo municipal el pasado 19 de noviembre. En el plazo de 30 días habilitado, entidades como la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Ecologistas en Acción o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) presentaron hasta 136 alegaciones. El Consistorio ha aceptado 44, un tercio de las mismas, de forma parcial o total en un ejercicio de “gran esfuerzo por parte del equipo de Gobierno”, ha destacado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Entre estas iniciativas propuestas por organizaciones se ha incluido la posibilidad de crear en la ciudad ‘áreas demostradoras de acción climática’ en las que se desarrollen medidas especiales encaminadas a acelerar la descarbonización. Estas se guiarán por un plan de acción que fije la estrategia para lograr una reducción de emisiones superior a la exigida por la normativa vigente “de manera que supongan un impulso de mejora adicional de la calidad del aire”. La Ordenanza contempla que estas actuaciones puedan hacerse extensibles a la capital en su conjunto.

Asimismo, a petición de la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas y otros organismos, el Ayuntamiento tendrá en cuenta las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el establecimiento de las medidas recogidas en los planes de calidad del aire. Asimismo, la Corporación se ha comprometido a que los protocolos de acción a corto plazo se evalúen cada año y, en su caso, se revisen.

Principales medidas

Cuando la OCAS se active, los agentes de movilidad y la Policía Municipal quedarán acreditados para requerir a los conductores que pasen la ITV de nuevo en el plazo de un mes aunque la tengan en vigor si detectan que sus vehículos expulsan una cantidad “ostensible” de humo. Además, la normativa contempla dos supuestos en los que se justifica la inmovilización inmediata del transporte. Por un lado, si en la medición en la vía pública se comprueba que se superan los niveles de salida de humo permitidos. Por otro, si esta humareda supone un riesgo para otros conductores al reducir su visibilidad. Esta decisión se podrá adoptar también en el marco de un episodio de alta contaminación.

Otra de las políticas recogidas en la Ordenanza es la prohibición de las calderas de carbón a partir del 1 de enero de 2022. Desde esa fecha, el Consistorio inspeccionará las comunidades de propietarios con estas instalaciones y clausurará aquellas que continúen funcionando. En Madrid aún se encuentran activas cerca de 200 calderas de este tipo y el Ayuntamiento ha incentivado su retirada con líneas de subvenciones.

El área de Medio Ambiente y Movilidad también ha previsto ayudas municipales “de entre 1,5 y 3 millones anuales” destinadas a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en edificaciones de nueva construcción, con independencia de su uso y para potenciar la eficiencia energética. Además, el 50 por ciento de la superficie de estos nuevos inmuebles deberá destinarse a colocar placas solares.

Por otro lado, la OCAS recoge una regulación para minimizar los efectos ambientales negativos de los grandes eventos que se celebren en exteriores o con impacto sobre este para garantizar su sostenibilidad. Los promotores de aquellos que superen los 5.000 asistentes deberán realizar una memoria que analice el impacto medioambiental del acto e incluya las medidas con las que compensarán el perjuicio generado.

Madridiario.es

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