El conflicto entre el Ayuntamiento de Madrid y el sector del taxi ha estallado tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal del 14 de octubre, que modifica las condiciones de trabajo de los vehículos eléctricos. La Asociación Española del Automóvil Ecológico (AEAE) analiza esta situación, que podría marcar un antes y un después en la adopción del vehículo eléctrico dentro del transporte urbano profesional.
Hasta ahora, uno de los grandes atractivos de adquirir un coche eléctrico para uso como taxi era la exención del día de libranza obligatorio, lo que permitía a los conductores aumentar sus ingresos gracias a una mayor disponibilidad del vehículo. Sin embargo, el nuevo texto normativo equipara las condiciones de los taxis eléctricos a las de los de combustión, obligándoles también a descansar un día semanal.
De la ilusión al enfado
El cambio ha sido recibido con gran malestar por el colectivo. “Se han reído de nosotros”, denuncia Raúl López, uno de los portavoces del grupo de 80 taxistas que ya han presentado una demanda colectiva contra la medida. Los profesionales afectados aseguran que la decisión rompe con los incentivos que les animaron a invertir en un vehículo eléctrico, que en muchos casos supera los 40.000 euros de coste.
Según los datos del sector, de las 16.000 licencias de taxi que existen en Madrid, unas 1.200 ya operan con coches eléctricos, cifra que ha crecido notablemente gracias a modelos como el Toyota bZ4X o el Tesla Model 3. Para muchos de estos taxistas, la nueva norma supone un golpe económico considerable, ya que perderán una jornada semanal de trabajo sin compensación alguna.
Un modelo de movilidad en cuestión
El uso del coche eléctrico en el taxi había sido un ejemplo de transición ecológica rentable: el coste energético es mínimo cuando se combina la recarga doméstica con placas solares, lo que permite ahorrar entre 500 y 600 euros mensuales en combustible. Desde la AEAE recuerdan que “este tipo de medidas desincentivan la electrificación y generan desconfianza en el sector, que debería ser un aliado clave en la descarbonización urbana”.
El colectivo espera que el Ayuntamiento reconsidere la medida o habilite algún tipo de compensación económica o fiscal que mantenga el atractivo del vehículo eléctrico dentro del servicio público del taxi. Mientras tanto, la batalla legal ya ha comenzado y promete abrir un nuevo debate sobre la coherencia de las políticas de movilidad sostenible en España.
Fuente | eldebate.com
