Los patinetes eléctricos y el resto de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) dejan atrás el vacío legal con la entrada en vigor de la Ley 5/2025, que fija por primera vez un marco común en toda España para su uso y circulación. La nueva normativa endurece las condiciones para poder circular y sitúa a estos vehículos bajo un régimen de control similar al de otros medios de transporte regulados.
A partir de ahora, los VMP deberán contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil, un certificado de características técnicas y una identificación visible tipo matrícula, además de estar inscritos en el registro habilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT). La ley define estos vehículos como de una sola plaza, impulsados exclusivamente por motor eléctrico y con una velocidad máxima permitida de entre 6 y 25 km/h.
El texto legal introduce también un sistema de certificación obligatoria. Los patinetes deberán disponer de un certificado de circulación emitido por un laboratorio autorizado y figurar en el Registro de Vehículos Personales Ligeros. Aquellos modelos que no cumplan todavía con los requisitos técnicos podrán inscribirse de forma provisional, pero solo hasta el 22 de enero de 2027. A partir de esa fecha, quedará prohibida la circulación de VMP no certificados.
La regulación refuerza, además, las normas de uso y convivencia en la vía pública. Queda prohibido circular por aceras, se limita estrictamente la velocidad, se exige llevar luces, se prohíbe utilizar el móvil o auriculares durante la conducción y se establece tolerancia cero con el consumo de alcohol y drogas. El uso queda restringido a una sola persona por vehículo y el estacionamiento solo se permitirá en espacios habilitados.
Impacto en zonas turísticas
La nueva ley llega en un contexto de fuerte presión en municipios turísticos, donde el uso intensivo de patinetes ha generado conflictos recurrentes con peatones y problemas de seguridad vial. En enclaves como Adeje, Arona o Santa Cruz de Tenerife, la proliferación de VMP ha provocado durante años estacionamientos indebidos, circulación por aceras y un aumento de incidentes.
Algunos ayuntamientos ya habían empezado a reaccionar antes de la norma estatal. Adeje, por ejemplo, impulsó su propia ordenanza municipal dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tras retirar miles de patinetes de la vía pública por incumplimientos. En el conjunto de la isla, las administraciones locales contabilizan decenas de miles de retiradas en los últimos años, un dato que refleja el desorden que ahora la nueva regulación estatal pretende corregir.
Con este cambio normativo, los patinetes eléctricos pasan a estar plenamente integrados en el sistema de movilidad regulado, con más obligaciones para usuarios y empresas, y con el objetivo declarado de mejorar la seguridad y la convivencia en las ciudades.
Fuente | diariodeavisos.elespanol.com
