Los reveses judiciales de España por los recortes retroactivos a las energías renovables siguen creciendo en los tribunales internacionales. La justicia belga ha confirmado que los embargos ordenados contra el Reino de España en el caso de la japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, ya ascienden a 207,3 millones de euros.
La medida afecta principalmente a los pagos que el organismo europeo de control aéreo, Eurocontrol, realiza a la empresa pública Enaire, responsable de la navegación aérea en España. La operación, iniciada en julio, buscaba retener en torno a 80 millones, pero la cifra real supera ampliamente esa previsión: 197,3 millones proceden de transferencias a Enaire y otros 10 millones de obligaciones secundarias.
El embargo garantiza el cobro de una indemnización de 106,2 millones —más de 7 millones en intereses— fijada por un laudo del CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, tras los recortes retroactivos a las primas de las renovables.
Eurus, del arbitraje al embargo
Eurus Energy invirtió cientos de millones en parques eólicos y solares en comunidades como Galicia o Asturias. Tras la retirada de las ayudas, la compañía llevó el caso al CIADI amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía. España intentó sin éxito anular el fallo, pero la compensación continúa impagada, lo que ha abierto la puerta a medidas coercitivas en varios países.
Ofensiva global contra España
La batalla judicial no se limita a Bélgica. En Australia, el Tribunal Federal ordenó a finales de agosto la ejecución de cuatro laudos por un total de 469 millones, rechazando la defensa de inmunidad soberana del Estado y condenando además a la Comisión Europea en costas.
En Estados Unidos, los tribunales de Washington D.C. han emitido ya cinco resoluciones en contra de España, que suponen otros 355 millones en indemnizaciones.
Un problema de 1.492 millones
En conjunto, el Estado español acumula 26 laudos arbitrales pendientes que obligan a pagar 1.492 millones en indemnizaciones, a los que se suman otros 393 millones en intereses y sobrecostes.
Todo ello ocurre en un contexto económico delicado: la inversión extranjera en España cayó más de un 60% en la primera mitad de 2025, un desplome que analistas internacionales vinculan en parte a la incertidumbre jurídica derivada de este conflicto.
Mientras tanto, el Gobierno busca últimos recursos legales en Estados Unidos para frenar los embargos y ganar tiempo, aunque la presión de los acreedores y el desgaste reputacional hacen cada vez más difícil prolongar la estrategia de resistencia.
Fuente | libertaddigital.com
