Casi toda la partida presupuestaria se quedará, por número de habitantes, en Andalucía, Cataluña y Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se otorga la concesión directa de ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 45 millones de euros. El programa estará coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y será gestionado por las comunidades y ciudades autónomas. Éstas deberán realizar las convocatorias para distribuir los importes asignados.
De forma salomónica, el criterio objetivo de reparto territorial ha sido el padrón municipal basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de 2017; “entendiendo que se trata de un referente estrechamente ligado a la movilidad”, según el Consejo de Ministros.
Así pues, con esta decisión y ante el montante de las ayudas de este Plan Moves (antes llamado VEA, y antes, Movalt y antes Movea y antes Movele, para que el ciudadano tenga las cosas más claras), se da la circunstancia de que el Gobierno va a dar equitativamente 1 euro por habitante de ayudas al coche eléctrico. Más allá de la casualidad, si se tiene en cuenta el presupuesto, se calcula que se sustituirían 8.000 vehículos de más de 7 años en las furgonetas y de 10 años para los turismos. En España hay más de 16 millones de vehículos que no pueden tener etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT) porque son considerados altamente contaminantes, además de ser antiguos y tener en su mayoría más de 10 años.
Cierto es que es un paso hacia delante que el ministerio de Transición Ecológica cogiera los humos por la boquilla y tratara de apagar ese 26% de las emsiones, cuyo causante es el tráfico rodado. El problema es que a Ribera sólo le ha dado tiempo a presentar el borrador del Plan Nacional de la Energía y Clima que obligará al Gobierno que salga de las elecciones del próximo día 28 de abril a retomarlo y a introducir las consideraciones que la Comisión Europea le demande a España tras analizarlo. Es más, al próximo Ejecutivo le tocará elaborar la Ley que sirva de transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva comunitaria.
Cero emisiones
De lo que no hay duda es de que en 2040 en Europa, los vehículos contaminantes tendrán veto. Pero en la transición es necesario un acompañamiento que este Gobierno no ha sido capaz de hacer. Sí un catálogo de buenas intenciones como el borrador de Plan de apoyo al sector de la Automoción, presentado por Reyes Maroto, que no ha servido ni como arma electoral al PSOE, pues es un brindis al sol en toda regla. De hecho, ni los fabricantes de automóviles se creyeron esos números presentados, de tal forma que se negaron a sellar el acuerdo. Con lo cual otro año perdido para un sector del automóvil “en el que la velocidad en las decisiones es muy importante”, según José Vicente de los Mozos, máximo responsable de la Alianza Renault Nissan en España.
Carlos Tavares, presidente ejecutivo de PSA, también fue muy claro al decir que “el Gobierno español tiene que explicar a sus ciudadanos las consecuencias de que haya pedido en Bruselas una reducción de las emisiones del 40%. Luego no podrá decir que somos los fabricantes de automóviles los culpables de los despidos”.
Porque sin Presupuestos Generales del Estado, el Plan Moves deriva de los que hizo Cristóbal Montoro, el titular de Hacienda en la última legislatura de Mariano Rajoy. Y esos 45 millones es lo único que hay en firme, de todo el ruido, además del “diésel tiene los días contados”, que ha habido durante los últimos ocho meses. Más, durante los últimos tres años en que ni el Gobierno de Pedro Sánchez, ni el de Mariano Rajoy han sido capaces de elaborar una hoja de ruta del automóvil hacia la descarbonización del transporte.
El Mundo
