Carlos Tavares asegura que es “bastante normal” pedir ayuda a los gobiernos
Hace ya dos meses que el Gobierno hizo públicas las adjudicaciones del Perte VEC 2. La nueva línea de ayudas entregó a Stellantis 66,3 millones de euros para cuatro proyectos que servirían para modernizar sus estructuras, levantar nuevos proyectos y electrificar su producción en España. De ellos, 55,9 millones de euros tenían como objetivo levantar una planta de baterías junto a Zaragoza.
Esta planta de baterías estaba en disputa entre Vigo y Zaragoza pero, finalmente, ha sido la segunda ciudad la que terminó por convencer a Stellantis. La decisión de producir en Figueruelas el Peugeot E-208, que levantó una gran polémica en Francia, era el gran motivo de peso que tenía la ciudad aragonesa para atraer esta nueva gigafactoría.
Pero hay un problema. Stellantis considera que la adjudicación de 55,9 millones de euros es insuficiente. Muy insuficiente, de hecho, pues la compañía esperaba recibir hasta 200 millones de euros. Desde entonces, mantiene conversaciones con diferentes instituciones y ha ido lanzando globos sonda para que el Perte VEC 3, que debería adjudicarse “a principios de 2024” según el Gobierno y que cuenta con un fondo de 1.200 millones de euros, también cuente con ellos.
De no ser así, Stellantis ya avisa de que abandonará el proyecto.
Un duro negociador
“Estamos afrontando una gran transformación tecnológica promovida por los gobiernos y es bastante normal que les pidamos alguna contribución porque si no las recibimos, nuestras empresas estarán en peligro”. Estas han sido las palabras de Carlos Tavares, CEO de Stellantis, en una charla con periodistas a la que ha asistido El Mundo.
En ella, Tavares quiso dejar claro que la intención de la empresa de levantar una planta de baterías en Zaragoza sigue en pie pero recalcó que “esa es nuestra intención si conseguimos las ayudas adecuadas del Gobierno español“. Esas “ayudas adecuadas” tienen una cifra: 200 millones de euros.
Tavares defiende su postura asegurando que la inversión total de levantarse esta planta alcanzará los 4.000 millones de euros, teniendo en cuenta que daría soporte para fabricar una nueva familia de vehículos pequeños del conglomerado automovilístico en nuestro país.
Según cifras aportadas por el diario, Stellantis ensambló en España más de un millón de automóviles y genera 13.000 empleos directos en nuestro país. El interés de la compañía hasta ahora por nuestro país ha sido evidente. España les permite producir a un precio más competitivo que el de Francia, lo que es imprescindible para sus vehículos más pequeños.
Las presiones de Carlos Tavares hacia un Gobierno para recibir más ayudas para sus empresas no son nuevas. Tampoco lo son los de otros fabricantes dentro de la industria. Los encontronazos de Tavares con los dirigentes franceses son más que conocidos. El año pasado despidió en Italia a 2.000 trabajadores y en Canadá llegó a detener la construcción de una planta de baterías (en colaboración con LG) aunque ya les habían concedido ayudas públicas, como presión para aumentar su cuantía.
En España también tenemos otros ejemplos de presiones a las instituciones para sacar adelantes proyectos pese a haber sido anunciados a bombo y platillo antes de la adjudicación las ayudas del Perte VEC. Este es el caso del Grupo Volkswagen, que puso en duda la construcción de su planta en Sagunto reclamando que los 167 millones de euros ya concedidos por el Estado eran pocos. Querían 800 millones de euros pero terminaron quedándose en 362 millones de euros.
De lo que sí ha avisado Carlos Tavares en otras ocasiones (y ha vuelto a repetir esta vez) es de su intención de abaratar los costes en la medida de lo posible. “De reducir costes, nosotros tenemos experiencia, asi que solo necesitamos tiempo”, recalcaba el CEO de Stellantis en la mencionada charla con periodistas.
Además de las reclamaciones a los Estados, Stellantis no ha dudado en llevarse la producción de sus coches eléctricos de menor coste a países de fuera de Europa, alegando que las condiciones laborales de Occidente suponen unos costes demasiado altos para los coches eléctricos de menor precio. En resumidas cuentas: no podemos producir los coches eléctricos que queremos comprar.
Lo cierto es que con sus agresivas políticas, Tavares ha conseguido márgenes operativos netos superiores al 14%, lo que son la envidia de la industria que está luchando con la transición al coche eléctrico para conseguir que sus cuentas sigan cuadrando.
Xataka
