El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado un mensaje claro a las comunidades autónomas: la falta de vigilancia y control sobre las gasolineras que deben instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos está frenando la movilidad sostenible.
Según el departamento que dirige Teresa Ribera, muchas estaciones de servicio han incumplido los plazos establecidos por ley, sin que las administraciones regionales impongan sanciones ni aceleren su implementación. El Ministerio recuerda que las comunidades tienen competencia directa para supervisar y, en su caso, multar a los operadores que no se adapten a las nuevas exigencias.
Este retraso preocupa al Ejecutivo central, que ve cómo el despliegue de la infraestructura eléctrica avanza a un ritmo inferior al necesario para cumplir los objetivos climáticos y de descarbonización del transporte.
Esta ley obliga a unas 1.000 estaciones de servicio con determinadas ventas a instalar cargadores de alta potencia, pero la falta de supervisión autonómica ha impedido conocer cuántas cumplen realmente. Según datos de petroleras, alrededor de 1.100 gasolineras ya cuentan con cargadores, aunque no necesariamente las obligadas por ley.
Solo Navarra y Castilla y León enviaron informes en 2023, y ninguna comunidad ha presentado documentación completa.
El ministerio insta a las autonomías a realizar inspecciones y facilitar las conexiones de infraestructuras. Aunque el ritmo de instalación de puntos de recarga se ha intensificado, alcanzando 43.559 puntos públicos en España a marzo de 2025, la falta de control pone en riesgo el despliegue equitativo y obstaculiza la adopción de vehículos eléctricos.
El gobierno también prepara nuevos programas de ayuda como el Moves Corredores para fomentar la carga rápida en vías principales
Fuente | elpais.com
