Poco a poco, la lista de países que abogan por abandonar los combustibles fósiles en favor de las energías renovable se alarga. Por ello, la tendencia actual anima o empuja a los conductores a pasarse a la movilidad eléctrica; algo que, en la práctica, no siempre es posible.
Más allá de la escasa infraestructura de carga, el principal motivo por el que los usuarios no se decantan masivamente por los coches eléctricos es puramente económico. Son muy caros. Incluso con ayudas, muy pocos modelos bajan de los 25.000 euros, y los que lo hacen, ofrecen unas prestaciones que a más de uno le resultarían escasas. Por su parte, el mercado de segunda mano tampoco ofrece actualmente grandes chollos. De acuerdo con los últimos datos del portal coches.net, el precio medio del vehículo eléctrico de ocasión en España está en 32.000 euros.
Para paliar esta realidad, desde la asociación Transport & Environment proponen adoptar una innovadora medida que ya comienza a verse en algunos países de Europa: el leasing social. Una modalidad que, traído al castellano, podríamos traducir como alquiler social.
“El leasing social es una medida ideal para apoyar a los conductores de renta baja y media, que serán los más afectados por el probable aumento del precio del combustible vinculado al sistema de comercio de emisiones de la UE”, sostiene la organización a través de un reciente informe, Social leasing: a key measure for national Social Climate Plans, con el que recomienda a los Estados de la UE a adoptar esta medida entre sus planes.
Concretamente, la medida consiste en ofrecer a los consumidores vulnerables un subsidio para que puedan emplear esta tecnología sin que el precio de compra sea un obstáculo. En base a ello, desde T&E creen que este programa debería priorizar a los hogares de ingresos bajos y medios que dependen del automóvil para trabajar. ¿De qué forma? Ofreciendo a estos perfiles un vehículo eléctrico en forma de leasing a cambio de un pago mensual asequible “por ejemplo, de 100 o 150 euros al mes“.
El objetivo último de esta media es “democratizar el mercado de vehículos eléctricos y acelerar el abandono de los combustibles fósiles”, sobre todo si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las estimaciones de T&E, la equiparación de precios entre vehículos de combustión y eléctricos no se logrará hasta 2028. Este equilibrio, además, no se alcanzará en su totalidad gracias a que los vehículos eléctricos bajen de precio, sino porque, presumiblemente, los coches de combustión se encarecerán.
“Con la introducción del ETS2, los conductores de automóviles de gasolina y diésel pagarán un plus por el precio del carbono a partir de 2027. Esto probablemente aumentará el precio de la movilidad en automóvil para los conductores europeos y tendría un impacto desproporcionado en los conductores con bajos ingresos y dependientes del automóvil, que gastan una parte mayor de sus ingresos disponibles en movilidad”, señala el informe.
A diferencia de la mayoría de subsidios que se ofrecen actualmente (como el Plan MOVES en España), que beneficia particularmente a las rentas altas, este nuevo subsidio se enfocaría en las rentas bajas. Del mismo modo, la medida serviría para contribuir a la descarbonización del parque automovilístico y, en consecuencia mejorar la calidad del aire.
El ejemplo de Francia
Aunque puede parecer una idea innovadora, la medida del leasing social no es nueva. De hecho, Francia lo puso en marcha hace prácticamente un año, a finales de 2023, destinándolo a usuarios con rentas inferiores a 15.400 euros anuales y que vivan a más de 15 kilómetros de su trabajo o realicen más de 8.000 km anuales.
Los precios de los vehículos disponibles para el alquiler social francés (el Fiat 500, e-up!, los Renault ZOE, Megane, Kangoo y Twingo, el Peugeot 208, los Open Corsa y Mokka, el Nissan Leaf, el Jeep Avenger y el Hyundai Kona) se ofrecían por un alquiler de entre 49 y 150 euros al mes durante tres años. Y al finalizar este periodo, los usuarios podrán comprarlos por el saldo restante o renovar el contrato con otro vehículo. Por su parte, el Estado francés aporta 13.000 euros por coche.
En apenas mes y medio tras la puesta en marcha de la medida se registraron 90.000 solicitudes, de las cuales se aceptaron 50.000. Según el Ministerio francés, los primeros resultados “Demuestran que el leasing social ha permitido dar acceso a los nuevos vehículos eléctricos a nuevos perfiles de hogares, más jóvenes y modestos, contribuyendo así a la democratización de esta transición”.
En total, el proyecto francés ha costado en su primer año de aplicación 650 millones de euros. De cara a 2025, se espera que el alquiler social francés duplique su capacidad, llegando a 100.000 nuevos usuarios.
El Economista
