Bruselas permitirá utilizar parte de la flexibilidad fiscal para financiar medidas destinadas a reforzar la seguridad energética, desde renovables y almacenamiento hasta ayudas para instalar paneles solares, baterías o bombas de calor.
La Comisión Europea ha dado un nuevo paso para preparar a los Estados miembros ante posibles nuevas perturbaciones en los mercados energéticos. Bruselas ha concretado las condiciones para ampliar la aplicación de la cláusula de salvaguardia nacional, de manera que determinados gastos destinados a reforzar la seguridad energética puedan beneficiarse de una mayor flexibilidad fiscal.
La medida permitirá incluir actuaciones relacionadas con las energías renovables, las redes eléctricas, el almacenamiento energético y la eficiencia, además de determinadas ayudas dirigidas directamente a los hogares.
Entre las actuaciones contempladas aparecen incentivos para instalar paneles solares, sistemas de almacenamiento residencial, bombas de calor y puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como préstamos o ayudas con tipos de interés reducidos para mejorar la eficiencia energética de las viviendas.
Más margen fiscal ante nuevas perturbaciones
La nueva herramienta no supone la creación de un fondo europeo destinado a financiar directamente estas actuaciones. Se trata de una flexibilización de las reglas fiscales que permitirá a los gobiernos nacionales disponer de un mayor margen para determinadas inversiones.
Las medidas tendrán que financiarse mediante los presupuestos de cada Estado y deberán cumplir los criterios establecidos por la Comisión. Además, deberán demostrar que contribuyen a mejorar la seguridad y resiliencia energética y que son actuaciones específicas y rentables.
Bruselas también ha establecido límites. La flexibilidad general de la cláusula mantiene un techo del 1,5% del PIB en gasto adicional, mientras que las medidas específicamente relacionadas con la seguridad energética tendrán un límite del 0,3% del PIB anual y del 0,6% acumulado durante el periodo 2026-2028.
Quedan fuera de este mecanismo medidas como las reducciones de impuestos sobre combustibles fósiles, los precios fijos de la energía o las ayudas destinadas exclusivamente a compensar el encarecimiento de los combustibles.
Paneles solares, baterías y bombas de calor
Uno de los aspectos más relevantes para los consumidores es que la Comisión contempla expresamente actuaciones destinadas a facilitar la generación y el almacenamiento energético en los hogares.
Podrán incluirse ayudas para instalaciones solares y geotérmicas, baterías domésticas, sustitución de calderas de combustibles fósiles por bombas de calor y sistemas de recarga para vehículos eléctricos.
El mecanismo también contempla inversiones de mayor escala en redes eléctricas, almacenamiento, nuevas instalaciones renovables, producción de hidrógeno mediante electricidad renovable o hipocarbónica y medidas de eficiencia energética.
El planteamiento de Bruselas busca que las inversiones realizadas durante una eventual crisis energética sirvan también para reducir la dependencia de los combustibles fósiles a medio y largo plazo.
España afronta la preparación de los Presupuestos de 2027
La decisión europea llega mientras España prepara sus Presupuestos Generales del Estado de 2027, en un contexto marcado por la posibilidad de que las nuevas cuentas no obtengan finalmente el respaldo parlamentario necesario.
En ese escenario, la existencia de presupuestos prorrogados no impediría necesariamente al Gobierno poner en marcha determinadas actuaciones. La legislación presupuestaria permite realizar modificaciones de los créditos existentes, así como recurrir a instrumentos como créditos extraordinarios, suplementos de crédito o el Fondo de Contingencia cuando se cumplen los requisitos establecidos.
Por tanto, la nueva flexibilidad europea podría proporcionar a España una herramienta adicional para impulsar determinadas medidas energéticas incluso en un escenario presupuestario complejo.
Una estrategia pensada para reducir la dependencia energética
La Comisión Europea pretende que el nuevo margen fiscal se utilice para acelerar cambios estructurales y no simplemente para compensar el incremento de una factura energética.
La lógica es que las inversiones en renovables, almacenamiento, electrificación y eficiencia energética permitan a los países europeos estar mejor preparados ante futuras alteraciones del suministro o fuertes incrementos de los precios de la energía.
Los Estados interesados deberán solicitar la ampliación de la cláusula de salvaguardia y presentar las medidas que pretenden incluir, junto con una estimación de su impacto presupuestario. Bruselas será la encargada de evaluar las propuestas.
Para España, la medida abre la puerta a reforzar políticas relacionadas con la electrificación, el autoconsumo, el almacenamiento energético, la eficiencia de los edificios y la infraestructura de recarga, siempre que las actuaciones cumplan las condiciones fijadas por la Comisión.
La nueva herramienta estará disponible hasta 2028, ofreciendo a los Estados miembros un margen adicional para responder ante posibles escenarios de tensión energética y, al mismo tiempo, acelerar la transformación de sus sistemas energéticos.
Fuente | elperiodicodelaenergia.com
