El crecimiento sostenido de las ventas de vehículos eléctricos está obligando a replantear el actual modelo de financiación del sistema viario. La progresiva caída de la recaudación vinculada a los carburantes, históricamente una de las principales fuentes de ingresos públicos, está impulsando en numerosos países la adopción de nuevos impuestos específicos para estos vehículos.
La tendencia apunta al fin de las políticas generalizadas de incentivos a la electrificación. A medida que el coche eléctrico gana cuota de mercado, distintos gobiernos comienzan a retirar ayudas directas y ventajas fiscales, al tiempo que estudian mecanismos alternativos de recaudación basados en el principio de “usuario pagador”.
Uno de los ejemplos más avanzados es Noruega, donde la penetración del vehículo eléctrico supera ya el 90% de las matriculaciones. El país prevé eliminar a partir de 2027 buena parte de los beneficios fiscales y ventajas asociadas a estos vehículos, equiparándolos progresivamente al resto del parque automovilístico.
En paralelo, se abre paso un nuevo modelo impositivo centrado en el uso del vehículo. En Estados Unidos, un proyecto de ley bipartidista plantea la introducción de una cuota anual para vehículos eléctricos destinada a financiar infraestructuras de transporte. La propuesta fija un importe inicial de 130 dólares anuales, con incrementos progresivos hasta alcanzar los 150 dólares, e incluye también gravámenes específicos para híbridos enchufables.
Reino Unido, por su parte, estudia un sistema de pago por kilómetro recorrido. Bajo este esquema, los conductores declararían anualmente su previsión de uso y tributarían en función de la distancia recorrida, con ajustes posteriores. Las estimaciones apuntan a un coste anual cercano a los 270 euros para recorridos medios, lo que introduce un cambio estructural en la fiscalidad del automóvil.
En el ámbito europeo, este debate también está presente. En España, aunque no existe por el momento una propuesta normativa concreta, distintas organizaciones del sector de infraestructuras han planteado modelos de pago por uso generalizados. Entre ellos, destaca la propuesta de establecer tarifas por kilómetro recorrido tanto para turismos como para vehículos pesados, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del mantenimiento de la red viaria.
Este contexto refleja un cambio de paradigma: la transición hacia la movilidad eléctrica no solo implica una transformación tecnológica, sino también una profunda revisión del sistema tributario asociado al transporte. La necesidad de asegurar ingresos suficientes para la conservación de infraestructuras sitúa en el centro del debate nuevas figuras impositivas que, previsiblemente, se extenderán en los próximos años.
Fuente | autopista.es
