El Concello de Vigo ha dado el primer paso para implantar su futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que comenzará con un periodo inicial sin sanciones. La medida, aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local, contempla una fase informativa en la que los conductores que accedan indebidamente a estas áreas solo recibirán una notificación de aviso.
El alcalde, Abel Caballero, ha subrayado que “durante un tiempo no se multará”, destacando el carácter pedagógico de esta primera etapa. El objetivo es que los ciudadanos conozcan la normativa antes de la entrada en vigor del régimen sancionador.
La ordenanza regula el acceso, circulación y estacionamiento en cuatro zonas concretas de la ciudad: el centro urbano, Plaza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Según el gobierno local, se trata de áreas que ya cuentan con restricciones de tráfico, en muchos casos peatonales o semipeatonales.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que no obliga a los ciudadanos a cambiar de vehículo. Además, incluye un amplio catálogo de excepciones que permitirá el acceso a residentes, trabajadores, servicios públicos, reparto, vehículos con plaza de garaje, talleres y actividades económicas.
También podrán acceder vehículos de personas con movilidad reducida, servicios esenciales, taxis, VTC, transporte escolar en determinados casos, así como vehículos industriales de servicios urgentes (agua, gas, electricidad o telecomunicaciones). Las motocicletas, ciclomotores y vehículos de tres ruedas podrán circular entre las 7:00 y las 22:00 horas.
La implantación de la ZBE se realizará de forma progresiva en tres fases:
- Primera fase: afectará únicamente a vehículos sin distintivo ambiental.
- Segunda fase: incluirá también los vehículos con etiqueta B.
- Tercera fase: incorporará los vehículos con etiqueta C y tendrá carácter indefinido.
Para el resto de conductores no autorizados, el acceso quedará limitado a estacionamientos en aparcamientos públicos o privados, así como en zonas reguladas.
El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 5,5 millones de euros, financiada en su mayor parte por el Gobierno de España a través de fondos europeos.
Desde el Concello se insiste en que la ordenanza busca mantener una cierta continuidad con la movilidad actual, limitando principalmente el tráfico de paso pero garantizando el acceso a quienes lo necesiten.
Fuente | lavozdegalicia.es
